ORDEN POLÍTICO Y SOCIAL EN HISPANOAMÉRICA. Siglos XVIII y XIX

PRÓLOGO

El orden político y social instaurado en Hispanoamerica a lo largo de los siglos XVI y XVII tuvo, como en toda obra realizada por seres humanos, luces y sombras, aciertos y errores.Un análisis objetivo del mismo indica que fueron mucho más las luces y los aciertos que los errores y las sombras, por lo que podemos calificarlo como un orden verdaderaente humano que permitió la formación y desarrollo de los nuevos pueblos hispanoamericanos. Sin embargo, ese orden se fue degrando paulatinamente en el siglo XVIII, y en el XIX llegó a ser trastocado casi totalmente.

Ese cambio degradante fue posible pues, como ocurre con toda obra en donde la libertad humana está involucrada, la posibilidad de elegir el mal y el error y desviar de su finalidad o incluso de destruir una obra es siempre una una amenaza. Como lo advirtió S.S. León XIII, “el hombre puede obedecer a la razón, practicar el bien moral, tender por el camino recto a su último fin. Pero el hombre puede también seguir una dirección totalmente contraria y, yendo tras el espejismo de unas ilusorias apariencias, perturbar el orden debido y correr a su perdición voluntaria.”

Por otra parte, así como la edad de una persona se mide en años y el de una nación se mide en siglos, el proceso de implementación del desorden social de las naciones requierió de mayor tiempo para instaurarse, haciendo dificil percibir la gravedad de las consecuencias negativas por elegir mal y elegir el mal. Es fue caso de Hispanoamérica, cuyo orden social y político fue pulatinamente degradado a lo largo de los siglos XVIII y XIX, haciendose cada vez mas evidente las dramáticas consecuencias del desorden social y político.

El absolutismo; principal raíz del desorden sociopolítico

Antes que nada es preciso distinguir entre «absolutismo» y monarquías «absolutas», a las que se les catalogó así porque en los monarcas recaían, además del poder de gobernar, el de legislar y el de impartir justicia, en una época en la aún no se había propuesto la moderna «división de poderes»,lo cual no significaba que estuvieran exentos de límites morales y religiosos. Ejemplo de monarcas absolutos pero no absolutistas fueron Carlos I-V y Felipe II, quienes siempre tuvieron claro que por encima de su autoridad estaban Dios y el Derecho.

Pero el absolutismo es otra cosa; consiste en considerar a los gobernantes como entidades ilimitadas y supremas, extentas de cualquier control jurídico y moral. El Bien Común, causa final de toda autoridad legítima queda hecho trizas en los regimenes absolutistas.

“Entre las teorías y sistemas que perturban el sentido integrador del ordenamiento jurídico, hay que contar aquellas teorías que (...) concuerdan en considerar al Estado o a la clase que los representa, como una entidad absoluta y suprema, exenta de control y de crítica, incluso cuando sus postulados teóricos y prácticos desembocan y tropiezan en la abierta negación de valores esenciales de la conciencia humana y cristiana.”

Desde luego que en la concreción del absolutismo hay matices; desde atisbos de él , hasta el absolutismo extremo, como el de los regimenes de la Unión Soviética y de la Alemania del Tercer Reich.

Del absolutismo francés al absolutismo español

En los territorios hispanos, el absolutismo dio inicio con el cambio de dinastía en la Corona española. La Casa de Borbón llegó a Madrid en 1700 con el reinado de Felipe V (1683-1746), quien llevó el absolutismo francés (galicanismo) como parte importante de su equipaje.

FelipeV nieto era nieto del rey francés Luis XIV,en cuya Corte fue educado y donde «bebió» el galicanismo imperante. El galicanismo sostenía que la autoridad del rey de Francia era absoluta y sin límites, abarcando incluso el ámbito espiritual y el eclesiástico

Bajo la excusa de que el rey debía asegurar el bienestar de sus subditos, el galicanismo sostenía que el rey tenía autoridad absoluta en todo, incluyendo el poder en los asuntos de la Iglesia. Para sustentar esa doctrina, el galicanismo incorporó la teoría protestante del «poder divino de los reyes», que había sido proclamada por el rey de Inglaterra Jacobo I, según la cual el Rey recibe el poder directamente de Dios, por lo que toda restricción al poder del Rey es contraria a la voluntad de Dios.

La doctrina del «poder divino de los reyes» fue refutada desde sus mismos inicios por el insigne teólogo jesuita Fransisco Suárez -llamado «Doctor Eximius»-, afirmando que ciertamente toda autoridad procede de Dios, pero que Él «no la entrega al Rey sino al pueblo, y es el pueblo quien legitima al Rey».El Papa Alejandro VII (1655-1667) también rechazó el suspuesto «derecho divino de los reyes», el cual fue despúes condenado formalmente por el Papa Pío IX en la Constitución «Pastor Aeternus».

En la Corte de Madrid el galicanismo empezó a difundirse bajo el nombre de «regalismo» el que, sin llegar al extremo de pretender absorber el poder espiritual, como ocurría en París, si daba primacía a la autoridad del rey sobre la autoridad del Papa.

Pero en Madrid el rey tenía un elemento del que careció el de Francia y que lo hizo igualmente dañino: el Real Patronato, por el que Roma «concedió» a los Monarcas españoles derechos sobre la administración de la Iglesia para que la Corona pudiera cumplir con los deberes de impulsar la evangelización en tierras recién incorporadas a la cristiandad.

El Patronato Real fue desdibujado y desvirtuado por el regalismo, que en la práctica sirvió como correa de transmisión para llevar a España la doctrina del «derecho divino de lo reyes» llegando a considerar al Patronato Real como un «derecho inherente» de la Corona, y no como una «concesión».

Carlos III representó la figura típica del monarca del «despotismo ilustrado» del siglo XVIII, evidenciado plenamente con la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los territorios de la Corona española, acto absurdo e injusto que ordenó en abril de 1767, marcando con ello el zénit del regalismo borbónico. El absolutismo ilustrado de los borbones invirtió el principio fundamental de toda autoridad legítima que es «servir al bien común» de la sociedad que gobierna; en la práctica estableció lo contrario: es la sociedad la que debe servir al gobernante.

Repercusiones en Hispanoamérica del absolutismo ilustrado

El decreto de expulsión de los jesuitas firmado por Carlos III, fue ejecutado por el Conde de Aranda Pedro Abarca de Bolea, primer ministro de Carlos III, Caballero del Tisón de Oro ... y una de las figuras relevantes de la masonería española; por algo Voltaire lo llenó de elogios en su «Diccionario Filosófico». El Conde de Aranda envió, solo a Nueva España, un ejército de 5000 hombres para expulsar a los poco más de 600 jesuitas que en ella trabajaban. El historiador norteamericano Schlarman narra así la expulsión de los jesuitas de Nueva España.

“Como un rayo en cielo sereno descargó el golpe, sin haber precedido la más leve premonición, a las cuatro de la mañana del 25 de junio de 1767. Un pelotón de soldados llamó a las puertas de la Casa Profesa de los jesuitas, contigua a su templo, exigiendo que se les abriese inmediatamente. Se reunió a todos los miembros de la comunidad en la capilla y allí se les leyó el decreto del rey Carlos III (…) ¿Cuál fue el crimen? Ninguno. ¿Cuál la sentencia? Destierro inmediato de Nueva España, sin más permiso que el sacar el breviario y la ropa que llevaban encima. (…) Los jesuitas de Querétaro, Guanajuato, León, Celaya y Pátzcuaro fueron acorralados ese mismo día y a la misma hora, y hasta con mayor brutalidad (…) En San Luis de la Paz Gálvez (el ejecutor del decreto) tropezó con dificultades, porque los indios…se proveyeron de armas para defender a los jesuitas (…) En San Luis Potosí la resistencia que opusieron los indios fue mucho mayor, y Gálvez necesitó de 120 soldados para dominarla; pero mientras el alcalde hacía el inventario, los indios rompieron el cordón de guardias y se echaron sobre él gritando: ¡Muera el alcalde y todos los gachupines! Esta fue la primera vez que se escuchaba una protesta en ese tono contra el gobierno absolutista de España.”

En el momento en que el pueblo de San Luis, indignado por la injusta expulsión de sus maestros y sacerdotes, arrebató a las tropas el Pendón del Rey y le prendió fuego, el lazo que unía a la Nueva España con Madrid quedó destruido, aunque aún no se notaran aún sus consecuencias.

Los daños producidos por la inicua expulsión fueron muy relevantes, tanto en lo material como en lo social y en lo político: las misiones de Paraguay, de las Californias, de las Maynas y de muchos otros lugares, quedaron abandonadas; las mejores instituciones educativas de Hispanoamérica tuvieron que cerrar sus puertas etc.

Un resumen de las consecuencias de la despótica expulsión lo hizo en 1815 el obispo de Yucatán Agustín Estévez y Uriarte: “Con lágrimas de sangre se había de llorar tantas misiones de infieles en ambas Indias destruidas, tantas fundaciones piadosas aniquiladas. Desde que se les vio muertos (como Orden) , ¡cuantos dogmas falsos bebidos de fuentes heterodoxas han invadido la jurisprudencia eclesiástica con la mira de derribar toda jerarquía, toda libertad de la Iglesia.

El regalismo borbónico dejó de considerar a los virreinatos americanos como «parte» de la Corona para ser tratados como «propiedad» de la misma; es decir, como «colonias» y ya no como reinos; fue entonces cuando realmente dio inicio la época «colonial». El proceso de evangelización e integración de los pueblos indígenas fue paulatinamente paralizado.

Las abyectas abdicaciónes de Bayona

En 1788 murió Carlos III y subió al trono su hijo Carlos IV, llamado «el cazador» por su gran afición a la caza, a la cual le dedicaba “según el tiempo que haga, por la mañana de las nueve a las doce, y de dos a cinco, por la tarde”, dejando los asuntos de gobierno en manos de su favorito ministro Manuel Godoy.

El astuto emperador de Francia Napoleón Bonaparte, entró en contacto con Manuel Godoy y logró establecer una alianza militar de Francia con España contra Inglaterra. La armada franco-española fue derrotada por la inglesa en Trafalgar en octubre de 1805. No conformes con su fracaso por mar, dos años después Napoleón y Godoy firmaron en Fontainebleau el 27 de octubre de 1807, un inmoral «Tratado» para invadir Portugal -aliado de Inglaterra- y repartirse su terrorio. Para ponerlo en práctica, el mismo tratado estableció que las tropas francesas entraran y atravesaran el territorio español; así dio inicio la invasión francesa a España.

Cuando las banderas francesas y españolas fueron izadas en Lisboa y el Rey de Portugal Juan VI y su corte lograban escapar a Brasil, el príncipe Fernando encabezaba en Aranjuez un motín (19 de marzo de 1808) contra su padre Carlos IV y lo obligaba a abdicar en su favor. Dos días después Carlos IV escribió a Napoleón una carta en la que le comunicaba que su abdicación no era válida, pues le había sido arrancada por la fuerza. Fernando VII se apresuró a refutar a su padre mediante otro escrito al emperador francés.

Napoleón ordenó al Mariscal Murat que tomara Madrid, y citó a Carlos IV y a Fernando VII a la ciudad francesa de Bayona para dilucidar quien era el rey. Napoleón dio la razón a Carlos IV, pero inmediatamente lo hizo abdicar en su favor. Napoleón nombró entonces a su hermano José Bonaparte como rey de España; los afrancesados borbones fueron sustituidos por franceses.

Carlos IV, su esposa y Mauel Godoy, fueron enviados al exilio a Nápoles. Fernando VII y su familia fueron confinados al castillo de Balenzay, donde permaneció hasta 1812, cuando la estrella de Napoleón se apagó en Europa.

Los movimientos insurgentes

“No queremos seguir la suerte de España, ni ser dominados por los franceses; hemos resuelto reasumir nuestro derecho y conservarnos por nosotros mismos”. Estas palabras dirigidas por el insurgente Cornelio Saavedra al Virrey del Río de la PLata en 1808, son un resumen de las repercusiones que en Hispanoamérica tuvieron las «abdicaciones de Bayona».

Como reguero de pólvora, por toda Hispanoamérica brotaron movimientos para rechazar al gobierno de los franceses y los afrancesados en España. El cura José María Morelos y Pavón escribió en su «Manifiesto a los habitantes de Oaxaca»: “...ya no hay España porque el francés está apoderado de ella; ya no hay Fernando VII porque, o él se quiso ir a su casa de Borbón a Francia y entonces no estamos obligados a reconocerle por rey, o lo llevaron a la fuerza y entonces ya no existe...”.

Los movimientos de independencia hispanoamericanos no siguieron un cálculo mercantilista, como si ocurrió en norteamérica, sino buscaron un ideal: recuperar el orden destruido por el absolutismo ilustrado. El General San Martín “quiso salvar una tradición que parecía haber sucumbido, por la derrota y la traición, en la España ultramarina”.

Con gran sacrificio y después de largos años de lucha, finalmente para 1821 Hispanoamérica era ya independiente de la podrida e ilustrada corte de Madrid. Sin embargo el virus ideológico del regalismo absolutista no fue eliminado por la Independencia; con distintos énfasis sobrevivió en las 17 repúblicas que sustituyeron a los cuatro virreinatos, y proliferó en un desorden aún mayor cuyas primeras consecuencias hicieron exclamar en su lecho de muerte al libertador Simón Bolivar: «hemos arado en el mar» .

El Positivismo al relevo del Absolutismo

El desorden sociopolítico, como gigantesca gangrena, se extendió en el siglo XIX por toda Hispanoamérica, pero ya no en los cauces del absolutismo sino de su hijo el positivismo filosófico y jurídico. Para desterrar la autoridad de Dios, primero el absolutismo engendró la duda agnóstica que dejó el derecho en manos de las cortes ilustradas quienes, para justificar la manipulación al servicio de sus propios intereses, incubaron el positivismo jurídico.

En las ruinas aún humeantes de la Europa de la posguerra mundial, el Papa Pío XII describió el camino totalitario que había sido pavimentado por el positivismo: “El siglo XIX es el gran responsable del positivismo jurídico. Si sus consecuencias han tardado en hacerse sentir con toda su gravedad en la legislación, se debe al hecho de que la cultura estaba todavía impregnada del pasado cristiano (...) Debía venir el Estado totalitario de impronta anticristiana (...) para descubrir al mundo el verdadero rostro del positivismo jurídico.”

El egoísmo que prolija el absolutismo ilustrado trasmutado al positivismo jurídico, hizo saltar por los aires el ideal de los caudillos insurgentes San Martín, O´Higgins, Bolivar e Iturbide, quienes inicialmente buscaron integrar una federación de naciones hispanoamericanas, dado que estas compartían origen, lengua, costumbres y religión. Pero las divisiones que empezaron a surgir dentro de la misma Gran Colombia propiciaron los pobres resultados del «Congreso Anfictiónico» que Bolivar había convocado a realizarse en Panamá en 1826; resultados que auguraron el fin del «ideal bolivariano». Los acontecimientos que siguieron acabaron con él.

Hispanoamérica fue puesta en estado de indefensión ante las ambiciones anglosajonas, puestas en camino a partir del «Congreso Anfictiónico de Nueva Orleans» en 1828 que buscaban hacer realidad la «Doctrina» del presidente de Estados Unidos James Monroe, proclamada cinco años antes: «América para los americanos». Bolivar, presidente de la Gran Colombia, dio pasos para establecer en abril de 1828 un Congreso constituyente para reformar la Constitución de Cúcuta en la cual incluía a Perú y Bolivia, además de Ecuador, Colombia y Venezuela. Pero tuvo serias diferencias con su vicepresidente Francisco de Paula Santander, y en tres meses el Congreso Constituyente acabó en un rotundo fracaso.

En 1831, la independencia y separación de Panamá respecto a Bogotá acabó con la Gran Colombia, la cual quedó formalmente desintegrada, abriendo el camino incluso a enfrentamientos armados. Perú y Bolivia tuvieron un conflicto bélico en 1841; Ecuador contra Perú protagonizaron una guerra en 1858; Bolivia, Perú y Chile se enfrentaron en la guerra del Pacífico..

En lo que había sido el virreinato de La Plata, las disputas entre las tendencias centralistas de Buenos Aires y las federalistas de las provincias del interior llevaron a enfrentamientos bélicos como la batalla de Cepeda (1820) fragmentando la unidad de las Provincias del Mar del Plata, que por eso se vieron impedidas de participar en el Congreso de Panamá.

Sin embargo, algo se salvó; el sentido común llevó a los dirigentes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, a establecer en 1831 un Pacto Federal llamado «Confederación Argentina» para la cooperación mutua y la defensa común, poniendo las bases para formar un sistema político más estable.

El desorden sociopolítico afectó más seriamente a Centroamérica, la que en el periodo virreinal constituyó la Capitanía General de Guatemala, y que al momento de la independencia formó parte del Imperio Mejicano. A la caida del imperio, Guatemala se separó de México y en julio de 1823 formó los Estados Federados del Centro de América, los que en noviembre de 1824 cambiaron su nombre a «República Federal de Centro América».

Francisco Morazán, presidente de la República centroamericana y connotado miembro de la masonería, propició y fomentó una serie de conflictos políticos que desembocaron en una sangrienta guerra civil entre Guatemala, Nicaragua, el Salvador y Honduras.

El objetivo masónico de hacer saltar en pedazos la República centroamericana fue alcanzado en 1840. En su lugar surgieron cuatro naciones pequeñas y de una economía insignificante lo que facilitó enormemente la implantación de la «Doctrina Monroe» en centroamérica.

En México, el embajador de los Estados Unidos Joel Robert Poinsett instigó a personajes como Antonio López de Santana y Valentín Gómez Farías para que derrocaran el Imperio de Iturbide, lo cual lograron en 1824, abriendo la puerta a la separación de Tejas y a su posterior incorporación a los Estados Unidos.

Una ininterrumpida guerra civil alentada por las logias masónicas condujo a que México perdiera la mitad del territorio, que pasó también a manos norteamericanas. Pero las consecuencias del positivismo jurídico no quedaron solo en eso: los bienes de la Iglesia fueron confiscados para ser lastimosamente dilapidados.

Una vez despojada la Iglesia de sus bienes con los cuales sostenía escuelas, asilos, orfanatos, hospitales y todo tipo de obras sociales, el gobierno de Benito Juárez tuvo que declararse en «suspensión de pagos» de su deuda externa, lo que a su vez llevó a los gobiernos de Inglaterra, Francia y España a formar en 1861 un ejército tripartita para exigir el pago de la deuda mediante la intervención militar.

La «piqueta» liberal cayó en México “sobre colegios y escuelas, conventos, orfanatorios y hospitales para echar a la calle a los religiosos, a los sacerdotes y a las monjas, y para robar y saquear. Se dejó a los huérfanos sin quien los cuidase y a los ancianos y enfermos sin protección ni atenciones. Bibliotecas de gran valor, libros y manuscritos fueron diseminados, estatuas preciosas de las iglesias fueron depositadas en establos, y objetos preciosos tallados en ébano, que en un tiempo fueron la especialidad de México, se emplearon para hacer lumbre en las barracas de los soldados (…) bastaron cien días para acabar con tesoros de arte y frutos intelectuales que se habían acumulado durante trescientos años.”

El positivismo jurídico desfiguró y altero la justicia llamado libertad al libertinaje, orden al desorden, desamortización al robo, y autoridad a la tiranía de un caudillo o de un partido.