IGLESIA - ESTADO EN MÉXICO. El rompimiento de 1859

Prólogo

Cuando Jesús pronunció su célebre sentencia “dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, (Mt. 22, 21) estableció la «distinción» que debe darse entre el poder espiritual y el poder civil. Hasta ese momento esa distinción no existía en ninguna parte del mundo, incluyendo el entonces absolutamente ignorado Continente Americano donde los dirigentes civiles asumían también el poder religioso, e incluso en algunos eran considerados divinidades.

Dicho de otro modo, antes de Cristo el poder civil asumía el ámbito espiritual y la autoridad religiosa, y por ello puede afirmarse sin la menor duda que la «con-fusión» entre poder civil y autoridad religiosa es precristiana. Poco después Jesús anunció la creación de su Iglesia (cf. Mt.16,18), la cual inició su caminar dentro de la Historia de la humanidad el día de Pentecostés.

Resulta pues evidente que fue el cristianismo quien estableció la distinción y separación de funciones entre la Iglesia y Estado, y que será de hecho una vuelta al paganismo más rancio, restablecer la confusión entre ambas instituciones. Y como la naturaleza humana es la unidad de cuerpo y espíritu (cuerpo espiritualizado, o espíritu encarnado) exige que entre Iglesia y Estado exista armonía.

Antecedentes de las relaciones de los poderes en México

Con la primera noticia de la existencia de tierras al poniente de Cuba y antes de dar inicio las expediciones de exploración y luego de conquista (1517-1521), la Santa Sede autorizó en 1518 la erección de la diócesis «Carolense»para atender las necesidades espirituales de los habitantes de unas tierras de las que no se tenía la menor información. Al concluir la Conquista de México en agosto de 1521, la Diócesis Carolense, con su obispo Fray Julián Garcés O.P al frente de ella, pudo hacerse realidad no en Yucatán sino en Tlaxcala.Desde ese entonces y hasta el día de hoy, la Iglesia está presente en México.

Por lo que se refiere al poder civil, y dado que no puede existir sociedad alguna sin cabeza, en la época prehispánica era ejercido por innumerables caciques, ya que en el territorio mexicano habitaban decenas de pueblos indígenas. Una vez que Hernán Cortés concluyó la Conquista en agosto de 1521, ejerció «de facto» el poder civil, hecho avalado inicialmente por el Rey Carlos.

Relaciones más o menos formales del poder civil con el religioso, dieron inicio en 1524 cuando llegó a Nueva España Fray Martín de Valencia O.F.M al frente de los llamados «doce apóstoles de México». A la primera Junta Apostólica que celebraron los franciscanos fue invitado Hernán Cortés:

“…se hizo en la Ciudad de Tezcoco este mismo año antes de partirse para Hibueras (…) Halláronse presentes en él 30 personas doctas, cinco clérigos y diez y nueve frailes, y seis letrados legos, y entre ellos Cortés, presidiendo Fray Martín de Valencia, como vicario del Papa (…)y después del sínodo, se repartieron los religiosos y clérigos por toda la tierra, especialmente por las ciudades grandes...".

Más adelante la autoridad de Fray Martín de Valencia fue sustituida con la designación de fray Julián Garces O.P como obispo de Tlaxcala y la de Fray Juan de Zumárraga como obispo de México. La autoridad de Cortés fue sustituida formalmente en 1527 con la primera Real Audiencia de México.

Así dio inicio la vida socio-política tranquila y estable de los habitantes de la Nueva España; tranquilidad que habría de prevalecer a lo largo de 300 años permitiendo el crecimiento y desarrollo del virreinato más próspero del Continente. Pero la tranquilidad y estabilidad que prevaleció no significa que existiera una sociedad angelical e idílica, exenta de problemas; no, fue una sociedad humana con las excelencias y miserias propias de toda sociedad humana.

Armonía, tensiones y desacuerdos

En lo referente a las relaciones Iglesia-Estado, pese a estar bien reguladas por el Real Patronato y las Leyes de Indias, hubo también tensiones y desacuerdos desde los primeros años. De hecho, puede afirmarse que en los primeros momentos de la relación formal Iglesia-Estado dio inicio con un gran desacuerdo, mismo que tuvo como centro la dignidad humana y los derechos humanos.

El presidente de la Primera Audiencia Nuño Beltrán de Guzmán y los cuatro Oidores (jueces) que la integraban, además de cometer muchas injusticias y abusos contra los indígenas llegando a esclavizar a cientos de ellos, afirmaban que los indígenas eran seres «irracionales», e incluso expresaron a los misioneros su oposición a que se les bautizara.

Ante ello, los primeros dos obispos, fray Juan de Zumárraga OFM, y fray Julián Garcés O.P, promovían con ahínco la evangelización de los naturales, contradiciendo a la Audiencia afirmando que los naturales eran, como todo ser humano, imagen de Dios, que debían ser respetados y que podían ser bautizados para pasar a ser hijos de Dios.

Fray Juan de Zumárraga, además de amonestar públicamente a los Oidores “con amonestaciones muy recias”, escribió al Rey dándole cuenta del actuar de sus representantes.

Por su parte, Fray Julián Garcés escribió al Papa Paulo III una larga carta en la que además de denunciar los abusos e injusticias, se expresaba alarmado por la gravedad de los falsos argumentos que esgrimía la Audiencia, catalogándolos como satánicos y resultado de su avaricia:

“A nadie, pues, por amor de Dios, aparte desta obra la falsa doctrina de los que, instigados por sugestiones del demonio, afirman que estos indios son incapaces de nuestra religión. Esta voz realmente es de Satanás, afligido de que su culto y honra se destruye, y es la voz que sale de las avarientas gargantas de cristianos, cuya codicia es tanta, que por poder hartar su sed, quieren porfiar que las criaturas racionales, hechas a imagen de Dios son bestias y jumentos…”

La respuesta de la Corona fue la inmediata destitución y arresto de los integrantes de esa primera Audiencia, quienes fueron llevados a España, donde fueron sometidos a «Juicio de Residencia». Beltrán de Guzmán falleció en prisión en 1558 en el Castillo de Torrejón de Velasco donde fue encarcelado tras su juicio.

Por su parte el Papa Paulo III contestó la carta de Fray Julián Garcés mediante la bula «Sublimis Deus», en la que haciendo propios los argumentos -e incluso las palabras- del obispo de Tlaxcala, calificó también de satánicas las afirmaciones de esa primera Audiencia de México. Señaló que los naturales debían ser respetados en sus personas y en sus bienes. Ya en su tiempo, la bula Sublimis Deus fue catalogada como «la carta magna de los indios de América», “un monumento literario, resumen de la filosofía humanista cristiana que los dominicos pusieron en práctica en el Nuevo Mundo”.

Aún sobre una situación tan difícil como la que surgió en esos inicios en torno a temas tan vitales y trascendentes como la evangelización, la libertad y la dignidad de los indios, fue sin duda la armonía existente entre Iglesia-Estado la que permitió no solo superarla, sino extender sus frutos a toda Hispanoamérica.

El gradual deterioro de la armonía hispanoamericana

El deterioro y debilitamiento de la armonía entre Iglesia y Estado que existió en Hispanoamérica, fue el resultado de haber modificado el principio señalado por Jesucristo “dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, (Mt. 22, 21) a «dad al Cesar también lo que es Dios».

Este cambio no se realizó de un solo golpe, sino que se dio de forma gradual, producto de un «proceso» que, en el caso concreto de Hispanoamérica, tuvo su inicio en 1700 con el arribo de la Casa de Borbón a la Corte de Madrid, y con ello la adopción del «galicalismo»

imperante en la Corte de Francia, según el cual el monarca debía dirigir también a la Iglesia para supuestamente, «asegurar» el bienestar del pueblo.

Aunque un tanto mitigado bajo el nombre de «regalismo»,el cesaropapismo galicano saltó desde París para instalarse también en la Corte española cuando Felipe de Anjou, nacido y formado en Francia, fue proclamado en 1700 Rey de España con el nombre de Felipe V.

Los borbones, nuevos césares españoles, reinterpretaron el Real Patronato y se abrogaron como «derecho» de la Corona lo que siempre fue una «concesión» de la Santa Sede. Relegaron al poder espiritual al rango de subordinado al poder civil, y así fueron dando al Cesar lo que correspondía a Dios.

Con el correr del tiempo, esa malinterpretación pasó de la confusión a la hostilidad de un nuevo «cesaropapismo regalista», como quedó manifiesto con la expulsión de los jesuitas en 1767. Los intentos de someter la Iglesia al Estado trascendieron a la independencia y se encarnaron en el siglo XIX en una especie de «regalismo republicano» mediante leyes ya abiertamente anticlericales.

Ese «regalismo republicano» siguió imperando en varios de los ambiciosos dirigentes de la revolución mexicana (Carranza, Obregón, Calles), se hizo “ley” en varios artículos de la Constitución de 1917 (3°, 5°, 27°, 130°) hasta desembocar en la feroz y sangrienta persecución religiosa de la primera mitad del siglo XX.

En efecto, el regalismo de los borbones afloró plenamente en el reinado de Carlos III con su arbitrario e injusto decreto de 1767 que expulsó a la Compañía de Jesús de todos los territorios de la Corona. Sin duda, fue el célebre «cuarto voto»de los jesuitas, que tanto molestaba a quienes sostenían el «cesaropapismo regalista» lo que movió la absurda intriga contra ellos.

Cuando en 1821 Agustín de Iturbide logró que el Virreinato de Nueva España se separara de la Corona española y se erigiera como «Imperio Mejicano», una de las primeras cuestiones a dilucidar fue el «cómo» se llevarían en adelante las relaciones Iglesia-Estado, dado que hasta entonces habían estado determinadas y administradas por el Real Patronato, instancia que quedó anulada por la independencia.

Así lo hizo saber la Junta Interdiocesana de Obispos el 4 de marzo de 1822: “Por la Independencia del Imperio cesó el uso del Patronato que en sus Iglesias se concedió por la Silla Apostólica a los Reyes de España, como Reyes de Castilla y León. Para que lo haya en el Supremo gobierno del Imperio sin peligro de nulidad de los actos, es necesario esperar igual concesión de la Santa Sede.”

Dos días después, el 6 de marzo, la «Junta de Regencia»del Imperio prudentemente declaró: “Hasta la época nuestra, como asienta el Cabildo de esta Metropolitana, han sido los reyes de España Patronos de estas Iglesias (…) La Independencia pone en cuestión esta materia, y su resolución debe ser de acuerdo con el Romano Pontífice.”

Pero el régimen imperial fue rápidamente derribado, y con ello se deterioraron las posibilidades de instituir una relación sana entre el poder civil y el espiritual, pues el régimen republicano establecido en 1824 adoptó la perspectiva del «regalismo borbónico», ahora en un esquema de «regalismo republicano».

El pensamiento ilustrado, impulsor del nuevo regalismo

Desde finales del siglo XVIII en toda Europa y en ciertos ambientes de Hispanoamérica, se sentían los vientos de la Ilustración, cuya esencia consiste en hacer a un lado a Dios en todos los campos de la vida, y sustituirlo por la «diosa razón». Kant definía la ilustración como “hacer uso del propio intelecto sin ser guiado por otro”

El problema que presentaba el pensamiento ilustrado no era «hacer uso del propio intelecto», cuestión del todo loable, sino la expresa prohibición de «ser guiado por otro». Por ello, a pesar de que la ilustración tuvo un lado positivo pues fomentó la instrucción primaria y la creación de distintas academias (de la Lengua, de la Historia, etc.), lo que prevaleció fue un espíritu de rebeldía a la autoridad de Dios, a la autoridad espiritual de la Iglesia, y a las verdades de fe proclamadas por ella.

Para quienes aceptaron acríticamente el pensamiento ilustrado, en el mejor de los casos Dios fue puesto en segundo plano, colocando en su lugar al individuo como «medida de todas las cosas», estableciéndose así un individualismo feroz y un deísmo amorfo, que en buena parte explican el naufragio moral del siglo XX. No resultó extraño que esa mentalidad fomentara frecuentemente un anticlericalismo radical y una hostilidad abierta al cristianismo.

Situación de las relaciones en la primera mitad del siglo XIX

La situación política generada por las independencias permitió a la Santa Sede cancelar el Real Patronato que, desde finales del siglo XV había sido otorgado a los Reyes de Castilla. En su lugar, Roma buscó implementar «concordatos» con los nuevos gobiernos surgidos de la independencia. Sin embargo, estos se sentían herederos del poder español y también se consideraron herederos del Real Patronato, pero en su versión regalista que fue la dominante de la escena del último siglo de dominio español.

Buscando continuar con esa versión adulterada del Patronato, puesto que entendía como derecho lo que era una concesión, los nuevos gobiernos republicanos enviaron a Roma varias misiones diplomáticas, entre las que se recuerda la de José Ignacio Cienfuegos de Chile en 1821-1822; la del colombiano Ignacio Sánchez de Tejada en 1823, y la del sacerdote uruguayo Pedro Alcántara Jiménez en 1828.

A estos intentos de establecer «neopatronatos» en las nuevas naciones hispanoamericanas, se sumó otro hecho aún más grave: la posición intransigente del rey Fernando VII, quien nunca reconoció las independencias hispanoamericanas, y le llevó a amenazar con separar a la Iglesia española de Roma, si la Santa Sede nombraba obispos para Hispanoamérica que, conforma al antiguo Patronato, no fueran propuestos por el Rey.

Como la Iglesia española también era hija de la Iglesia, en espera de una mejor situación, el Papa Pío VII prudentemente dejó de suplir las vacantes de los obispos regalistas que abandonaron sus diócesis al momento de las independencias, como fue el caso del arzobispo de México José de Fonte, o las producidas por decesos naturales. El hecho fue que, en esos momentos tan delicados, Hispanoamérica se quedó sin obispos. La «Misión Mussi» trató de paliar con poco éxito esa situación.

Primeros conflictos abiertos Iglesia-Estado en México

El gobierno republicano que se instauró en México tras la caída del Imperio, también buscó establecer un neopatronato y envió a Roma una misión encabezada por Francisco Pablo Vázquez, la cual fue precedida por el agente secreto fray José María Marchena O.P, para que siguiera los pasos en Italia del desterrado emperador Agustín Iturbide, y para que se informara sobre las disposiciones y la actitud de la Santa Sede con respecto a la Independencia de Hispanoamérica y de la forma republicana de sus gobiernos.

El deterioro de las relaciones de la Iglesia con el ya independiente nuevo Estado mexicano, caminó de la mano de la anarquía política que se desató tras la abdicación del Emperador Agustín de Iturbide en marzo de 1823. Con la caída del Imperio, el poder civil tomó la estructura de una «República Federal».

De inmediato un Congreso Constituyente dominado por la masonería yorkina, elaboró una Constitución inspirada, casi por completo en el modelo norteamericano, inspiración que les llevó a llamar a la nueva República «Estados Unidos…Mexicanos». Esa Constitución fue proclamada el 3 de octubre de 1824.

Buscando hacer de la Iglesia una dependencia gubernamental al servicio del régimen en turno, y a los obispos y sacerdotes empleados del mismo, el «regalismo republicano» llevó a la hipócrita redacción del artículo 3° de esa Constitución que a la letra decía: “La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por ley y se prohíbe cualquier otra.”

Las reformas de 1833. Atisbos de rompimiento

A lo largo de sus nueve años de existencia, la Primera República Federal estuvo caracterizada por la violencia, anarquía e inestabilidad social y política, manifiesta en el hecho de haber sido presidida por dos triunviratos y nueve presidentes. Por lo que se refiere a la relación de esos gobiernos con la Iglesia, se fue haciendo cada vez más abierta la intención de dominarla y manipularla. A esta dramática situación colaboró el hecho de que, con el fallecimiento del obispo de Puebla Joaquín Pérez Martínez en 1829, la Iglesia en México se quedó sin obispos.

En medio de continuos cuartelazos, golpes de estado, rebeliones y pronunciamientos que dominaban la escena política mexicana, en 1833 Antonio López de Santana fue nombrado nuevamente presidente de la República, llevando como vicepresidente al gran maestro de la masonería yorkina Valentín Gómez Farías. La «dupla» militar y política del «Plan de Casamata» que derribó al emperador Iturbide, volvía a hacer su aparición.

Apenas instalado ese gobierno, el 7 de mayo de 1833 Gómez Farias firmó un decreto para confiscar las Misiones de California y Texas, privando a esos territorios de la más importante y organizada presencia mexicana. Pocos meses después, el 21 de octubre, Gómez Farías decretó la supresión de la Pontificia Universidad de México por considerarla “inútil, irreformable y perniciosa” . Así desapareció la Universidad, el más alto bastión de la cultura occidental, presente en México desde 1551.

Alegando supuestos «derechos» de Patronato, Gómez Farías dio por suprimidos los votos religiosos y decretó la completa exclusión del clero en la enseñanza, lo que en ese tiempo significó la eliminación de todos los maestros, pues la Iglesia había sido la única instancia preocupada por la educación de niños y jóvenes.

Evaluando la actuación de Gómez Farías como gobernante, el célebre historiador norteamericano Joseph Schlarman dice: “… su actuación nos hace pensar en un cerdo que se haya suelto en un gran jardín y arranca de raíz cuantas plantas y flores encuentra: destrucción desenfrenada de los frutos y trabajos del hombre.”[

El Papa Gregorio XVI y el episcopado mexicano

Como señalaba arriba, el fallecimiento del obispo de la diócesis de Puebla de los Ángeles, José Antonio Joaquín Pérez Martínez y Robles, el 26 de abril de 1829, México quedo sin un solo obispo. Dado el poco éxito de la Misión Muzzi, en 1827 el Papa León XII decidió desafiar a Fernando VII y nombró seis obispos para la Gran Colombia; el monarca español no cumplió su amenaza de provocar un cisma; se conformó con expulsar de Madrid al Nuncio.

A la muerte de León XII, el 2 de febrero de 1831 fue electo sucesor San Pedro el cardenal Alberto Cappellari, quien tomó el nombre de Gregorio XVI. Veinte días después de su elección nombró obispos a seis sacerdotes mexicanos para que ocuparan las diócesis de Puebla, Linares, Durango, Michoacán, Guadalajara y San Cristóbal. De inmediato Gómez Farías quiso abrogarse el derecho de autorizar o no, por medio del Congreso manipulado por él, los nombramientos que había hecho el Papa Gregorio, y afirmando que el Congreso tenía facultad de nombrar obispos a otros distintos. El obispo de Michoacán, Juan C. Portugal, comunicó al gobierno de Gómez Farías que “nadie tiene derecho, cualquiera que se a le fundamento que alegue, para hacer nombramientos de obispos…”

Por su parte el obispo de Linares (Nuevo León) José María Belaunzaran, escribió al Congreso el 8 de marzo de 1834: “…Los magistrados civiles, que son los que presiden y gobiernan civilmente, en lo que es puramente temporal, las repúblicas y todos los reinos, reciben su autoridad de los pueblos, para regirlos y gobernarlos nada más que temporalmente; pero jamás se les concede por éstos autoridad alguna espiritual. (…) La Iglesia no la fundaron los emperadores, ni los reyes, ni los gobernadores, ni los congresos; la fundó sólo el Hijo de Dios, y la trajo desde el cielo y del seno del Padre, de quien procede por generación eterna (…) Él sólo la adquirió, no con precios corruptibles de oro y plata, como dice San Pedro: la adquirió con su preciosísima Sangre, y la fundó sin haber tomado dictamen, ni parecer, ni consejo a los reyes de la tierra; y sin contar con ellos para nada, manda a sus Apóstoles autorizados ya por Él mismo..”

Gómez Farías decretó el destierro de los obispos Portugal y Belaunzaran, pero la proclamación del Plan de Cuernavaca contra Gómez Farías, impidió que los dos obispos fuera expulsados de México.

Consecuencias de la proclamación de la Constitución de 1857

La inestabilidad sociopolítica permaneció en los años siguientes en medio de innumerables rebeliones, pronunciamientos y cuartelazos, precedidos cada uno de su respectivo «plan». En 1837 los texanos se independizaron de México, y en 1847 el presidente de Estados Unidos declaró la guerra a México, arrebatándole los territorios de California y Nuevo México.

En diciembre de 1853 Santana vendió a los norteamericanos el territorio de «La Mesilla», lo que sirvió de excusa a un nuevo «pronunciamiento» organizado por la masonería yorkina que en esos momentos estaba siendo desplazada por la soberbia de López de Santana, y designando como «liberales puros» debido a su radicalismo, a sus principales personajes: el mismo Gómez Farías, Benito Juárez, Ignacio Comonfort, Juan Álvarez. El correspondiente «plan» fue llamado «Plan de Ayutla». Ante este pronunciamiento en su contra, Santana prefirió retirarse y se autoexilió en Colombia.

Triunfante la revolución de Ayutla, los liberales «puros» recuperaron el poder e iniciaron lo que la historia oficial mexicana llama «Reforma», misma que pronto dejo ver que su objetivo iba mucho más allá de solo quitar de en medio a López de Santana, quien anteriormente había sido su principal cómplice y aliado y luego su adversario. Es en su periódico «El Rayo Federal» del 9 de abril de 1855 donde envalentonados por su triunfo, los «puros» revelan la finalidad de descatolizar a México y el método para implementar su radicalismo jacobino:

“La Revolución debe caminar actualmente con todo su poder, con toda su grandeza, con todos sus horrores. No hay que pararse en los medios, no hay convenios que aceptar…cuando se trata de regenerar un pueblo o de reformar sus leyes, la sangre es necesaria…Nada importa que los campos se talen, que las poblaciones se diezmen, que haya muertos a millares, si los fines son nobles y se pretende llevar a cabo una idea, un principio cuyas consecuencias son el progreso y la prosperidad de una gran nación” . Los «puros» nombraron presidente al «puro» Juan Álvarez, y pocos días después Juan Álvarez nombró presidente al «puro» Ignacio Comonfort. En 1856 el gobierno de Ignacio Comonfort escogió a los diputados «puros» que integrarían un Congreso Constituyente para redactar una Constitución que reemplazara a la de 1824.

El 5 de febrero de 1857 se proclamó la nueva Constitución, en la cual se prohibían los votos religiosos, se sometía el culto y la disciplina religiosa a los poderes federales, y se confiscaban todos los bienes de la Iglesia: escuelas, asilos, orfanatorios, hospitales, conventos; la única excepción fueron los templos. La confiscación de los bienes de la Iglesia llevó instantáneamente a muchos liberales de la mendicidad a la opulencia. En el medio rural la confiscación se extendió a los ejidos, formándose con sus tierras grandes latifundios.

La promulgación de la Constitución de 1857 provocó una sangrienta guerra civil que concluyó tres años después, cuando los Estados Unidos intervinieron en apoyo a los «puros». Versiones jacobinas de la historia presentan a la Iglesia como la culpable de ella, por su resistencia a las reformas que buscaban «separar» a la Iglesia del estado, lo cual es totalmente falso, pues lo que buscaban era someterla. Ya los obispos mexicanos de esa época refutaron por escrito esas calumnias:

“si la guerra que hoy está devorando nuestra desgraciada patria, reducida únicamente al orden político, no hubiese traspasado estos límites desbordándose hacia la religión y la Iglesia, nos habríamos reducido a llorar en silencio estos odios políticos, estas divisiones intestinas, esta guerra entre hermanos… Más por una lamentable desgracia no es así; la imparcialidad política del Episcopado y su interés decisivo por el bien de todos se han puesto en duda, no porque la hayan tenido los principales motores de la persecución a la Iglesia, sino porque sus tendencias, muy disfrazadas al principio, más perceptibles en seguida, manifiestas después y descaradas al fin, han sido, no precisamente el establecimiento de tal o cual idea exclusivamente política, sino la destrucción completa del catolicismo en México”.

El 10 de agosto de 1859, en una Carta Pastoral Colectiva fechada el 10 de agosto de 1859, los obispos mexicanos afirmaron que “llegaron a creer (los liberales puros) que la irresistible fuerza de la Iglesia para salir siempre victoriosa era más física que moral, consistía menos en su doctrina y ministerio que en tesoros del Tabernáculo, y en las cuantiosas rentas con que expensa el culto y atiende a sus muchas y grandes instituciones piadosas; creyóse que robándola todo estaría concluido.” El rompimiento de 1859 En julio de 1859 Benito Juárez decretó el rompimiento total de relaciones con la Santa Sede. El «acuerdo» que se envió a la legación mexicana en Roma fue firmado por Melchor Ocampo el 3 de agosto de ese mismo año y en el señalaba: “ Como son muy pocas y lánguidas las relaciones diplomáticas y comerciales que ligan a la República con el Santo Padre, el Excmo. Sr. Presidente ha tenido a bien disponer que se retire la legación que México ha tenido acreditada en Roma, y que sus archivos se trasladen a la República para que se guarden en los de este Ministerio…”

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JUAN LOUVIER CALDERÓN