ECUADOR; Ardor patriótico del clero

Durante los acontecimientos derivados de la invasión napoleónica a España, la Iglesia en la América española no imponía el espíritu de emancipación; era el derecho natural de los pueblos a su autogobierno el que pedía a la Iglesia que sostuviera esos derechos naturales, amenazados por los principios de la Revolución francesa que un hijo de la misma, Napoleón, difundía en su idea de recrear un nuevo imperio romano-germánico-galo en Europa.

Los levantamientos insurgentes en la América española venían a ser a juicio de muchos sus próceres, una contra-revolución religiosa frente a los principios proclamados por los revolucionarios franceses, y difundidos a su manera por los ejércitos de Napoleón. He aquí lo que dijo en su proclama, en tonos ciertamente «apocalípticos», el ministro de Gracia y Justicia, Dr. Manuel Rodríguez de Quiroga:

“Pueblos de América: La sacrosanta Ley de Jesucristo y el imperio de Fernando VII, perseguido y desterrado de la Península, han fijado su augusta mansión en Quito bajo el Ecuador; han elegido un baluarte inexpugnable contra las infernales empresas de la opresión y la herejía. En este dichoso suelo, donde en dulce unión hay confraternidad, tienen ya su trono la paz y la justicia: no resuenan más que los tiernos y sagrados nombres de Dios, el Rey y la Patria. ¿Quién será tan vil y tan infame que no exhale el último aliento de la vida [...] por tan preciosos […] objetos?.

En la declaración que prestó el mismo prócer el 1º de diciembre de 1809, ya preso, dijo que en todos sus actos había creído hacer “un servicio a Dios, al Rey y a la Patria”. Por esto en el gran juramento que prestaron “todos los cuerpos políticos, clero regular y secular, nobleza y vecindario ilustre en manos del prelado diocesano, se protestó con la vida […] morir por la pureza, unidad y conservación de la religión Católica, por el vasallaje al señor don Fernando VII […] y finalmente hacer todo el bien posible a la nación y a la patria…”.

Algunos clérigos no se limitaron a apoyar moralmente el movimiento insurgente, sino que incluso fueron promotores activos de las operaciones militares. En una palabra, fueron guerrilleros en aquella lucha, como lo fueron otros curas y frailes en la guerra de independencia en España contra Napoleón (un ejemplo por todos: el del famoso cura Merino).Si hemos de creer al Procurador del Municipio de Quito, Núñez del Arco, el cura de San Roque Dr. José Correa, fue uno de los que asistió al asalto del cuartel en la noche del 9 de agosto de 1810.

El 2 de agosto de 1810, los próceres pagaron con la vida su rebelión y rubricaron sangrientamente el juramento de libertad. En el momento de la hecatombe, el prócer Quiroga contrapone al «¡Vivan los limeños!», el grito «¡Viva la Religión!»; y cae despedazado por un sablazo. “¡Viva la Religión, ella simboliza la Patria!”, resume la mentalidad por la que estos considerados próceres insurgentes sacrificaban su existencia.

La Iglesia – uno de cuyos miembros, el presbítero José Riofrío, que estuvo entre los conjurados del obraje de Chillo para el establecimiento de la primera Junta, murió en ese día trágico. No se redujo a llorar la siniestra hecatombe; interpuso su mediación a fin de obtener que Ruiz de Castillaadoptase conducta conforme con los intereses de la paz y armonía de una sociedad en crisis profunda.

El obispo Cuero y Caicedo, en compañía de su Provisor el Dr. Manuel José Caicedo y del Dr. Miguel Antonio Rodríguez, visitó inmediatamente a la primera autoridad pidiéndole que previniese nuevos atentados y que sobreseyese en el esclarecimiento de las responsabilidades del 10 de agosto. A cambio le ofreció calmar a la población, herida de muerte con el sacrificio de la flor innata de sus insurgentes. Consecuentemente, se llegó a un acuerdo en el que se ratificó lo convenido con el obispo.

El pacto de 1812

Ya estaba en Quito el Comisionado Regio Carlos Montúfar, hijo de la martirizada ciudad; y con él se celebró en el mes de septiembre una nueva asamblea, a la cual concurrieron el obispo, los cabildos, el clero, la nobleza y el pueblo. Se resolvió crear una «Junta Superior de Gobierno» dependiente únicamente del Consejo de la Regencia de España, y que estaría compuesta por el Conde Ruiz de Castilla, el Prelado, el Comisionado, y por representantes de los Cabildos y demás asociaciones y barrios.

El 22 de septiembre, se verificó la instalación solemne de la segunda; y al día siguiente la acción de gracias en la Iglesia Catedral. En esta Junta hubo representación eclesial de conocidos sacerdotes. A poco dimitió la presidencia de la Junta el Conde Ruiz de Castilla, anciano e indeciso, reemplazándole el obispo Cuero y Caicedo, aunque con mucha resistencia.

La Junta convocó a elecciones; y una vez celebradas, se reunió el Congreso Constituyente el 11 de diciembre. Lo presidió el propio obispo; entre los diputados había algunos sacerdotes. Tres proyectos de Constitución se presentaron a estudio del Congreso y los tres fueron obra de sacerdotes. Entre esos proyectos prevaleció el del Dr. Miguel Antonio Rodríguez, catedrático de teología en la Universidad de Santo Tomás de Aquino.

El 15 de febrero de 1812 se expidió el Pacto Solemne y Unión entre las Provincias que forman el Estado de Quito, documento revelador de los conocimientos en los órdenes jurídico y político, aunque las doctrinas de la soberanía popular aparecen en parte corregidas y rectificadas, siguiendo la mentalidad entonces comúnmente aceptada. En mérito de dicha Carta, escribe el Dr. Julio Tobar Donoso,que el Clero Ecuatoriano merece el cognomento (renombre) de primer organizador de la forma constitucional en la presidencia de Quito.

El señor Cuero y Caicedo fue el alma de la resistencia, el centro de la ingente labor encaminada a sostener la flamante patria amenazada en su misma cuna. El procurador Núñez del Arco refiere que Caicedo levantó un batallón de indios y que estimuló el reclutamiento de soldados.

El clero secular y regular contribuyó a encender el sentimiento insurgente, a organizar las fuerzas cívicas, a despertar al pundonor militar; y proporcionó con generosidad los caudales que había menester la ideada nueva República; no solo prodigaron clérigos y frailes sus haberes personales, sino que dieron objetos de alto precio, particularmente plata labrada de sus templos y casas.

El padre Antonio Albán, que trajo el reloj público que enjoya la torre de la basílica Mercedaria, no vaciló en entregar para la construcción de elementos bélicos la cañería de plomo que conducía el agua a la pila del convento. Clérigos hubo que ayudaron a aprehendidos o fugitivos, escondiéndolos o ayudándolos a huir. Entre ellos, el cura de Píllaro Dr. Juan José Roca hermano del futuro presidente Don Vicente Ramón.

Muchos sacerdotes saltaron la valla de sus deberes eclesiásticos; el mencionado Núñez del Arco hace una lista completa de los sacerdotes, tanto del clero secular como regular, que intervinieron en la lucha insurgente. Si hojeamos el volumen escrito por el dominico José María Vargas, «Historia de la Iglesia durante el Patronato Español», no podemos menos de sorprendernos al verificar el crecido número de eclesiásticos de las diversas latitudes de la presidencia de Quito que tomaron parte activa, en los diversos movimientos insurgentes, animando a sus feligreses a levantarse contra las autoridades reales (entonces oficialmente representantes del rey usurpador francés) con tesón y gran voluntad.

Cuando el «pacificador» se aproximó a la ciudad, le intimó rendición y amenazó a los superiores de comunidades y a los párrocos con hacerles responsables de las consecuencias, si no daban a conocer el peligro al pueblo. Miembros de comunidades religiosas y numerosos sacerdotes y hasta monjas de clausura se retiraron hasta Ibarra, en cuyas cercanías se libró el combate definitivo desfavorable a los insurgentes. Con esta fuga se reinició el martirio de la iglesia quítense, empezando por el mismo obispo Cuero y Caicedo.

La iglesia quítense en conjunto, fue humillada por Montes cuando puso a órdenes del arrebatado realista obispo de Cuenca Andrés Quintián y Ponte a todos los que habían seguido la causa de la insurgencia. En los conventos entró la guerra más despiadada, porque el «pacificador» dispuso que le pasasen lista de los religiosos insurgentes.

Hubo duras penas para los clérigos rebeldes; para dar un ejemplo, el hermano de Eugenio Espejo, uno de los próceres de la independencia, el presbítero Juan Pablo, capellán de las tropas insurgentes, fue llevado al Cuzco con orden de permanecer allí un decenio. Se dice que hubo un clérigo pasado por las armas después de la batalla de Ibarra: el lojano, Pedro José Donato, condenado sin habérsele demostrado delito alguno. La pacificación significó para todos los miembros insurgentes del clero la pérdida de los encargos que ejercían, aún en el orden educativo, y la proscripción de la vida civil.

Los informes de Núñez del Arco

Debemos datos minuciosos acerca de la posición del elemento eclesiástico a Núñez del Arco, Procurador del Cabildo de Quito, que presenta el catálogo completo de los hombres importantes de la influencia en los tormentosos días de la primera emancipación, clasificándoles en tres grandes categorías – insurgentes, realistas e indiferentes–. Este es el juicio de conjunto que formula al principiar:

“Teniendo en consideración que no hay prelado que pueda informar a Su Majestad acerca del estado Eclesiástico por hallarse casi todos implicados en la inicua rebelión y que en caso de hacerlo será disimulando, afectando u ocultando los escandalosos procedimientos que han observado; se ha propuesto el Procurador General manifestar los hechos positivos de cada persona constantes por notoriedad pública y documentos autorizados que ha tenido a la vista.”

Por este registro se puede descubrir como la gran mayoría del Clero de Quito, unos dos tercios, se afilió al movimiento emancipador y colaboró con él, en uno u otro sentido, algunas veces excediendo manifiestamente su papel, pero siempre con ardor. Hay que tener en cuenta que desde 1808 a 1813, el Rey español legítimo, Fernando VII, se encontraba destronado y desterrado en Francia, y que solo regresará a España tras la caída de Napoleón en 1814.

Por tanto, los representantes reales oficiales en los territorios americanos obedecían las órdenes de José Bonaparte, un rey usurpador e ilegítimo, lo que hacía aún más grave la confusa y dramática situación. Por lo que los llamados «insurgentes» eran en definitiva legítimos defensores del derecho contra el estado de confusión vigente. De catorce miembros del Cabildo Eclesiástico, cuatro apenas estuvieron por el intruso y usurpador francés José Bonaparte.

De los curas de la Ciudad de Quito, tres fueron indiferentes, uno realista y seis insurgentes decididos. De los párrocos de las cinco leguas de Quito, encontramos 21 insurgentes, 8 realistas y 1 indiferente; de Latacunga y su partido, ocho insurgentes, siete realistas y dos indiferentes; de los de Ambato, 4 insurgentes, tres indiferentes y cuatro realistas; de los de Guaranda, cinco insurgentes, tres realistas y dos indiferentes; de los de Otavalo, seis realistas, cinco insurgentes y un indiferente; de los de Ibarra, seis insurgentes, tres indiferentes y dos realistas; de los capellanes de monasterios, tres realistas y cinco insurgentes.

En cuanto a los claustros la división fue más profunda; pero prevaleció el elemento insurgente, a tal punto, que Núñez del Arco pudo decir que los frailes de San Francisco se habían “distinguido con la seducción y entusiasmo, predicando en los púlpitos; saliendo en comunidad por las calles a exhortar y animar a las gentes para que tomen armas y sostengan la guerra; tomándola ellos mismos y erigiéndose de comandantes ellos mismos a las expediciones…”.

Acerca de la Orden de San Agustín escribió cosas semejantes: “En esta Orden han sido pocos y señalados los realistas, siendo los más insurgentes seductores que salieron con armas, comandando tropas a las expediciones…” y, en fin, de la Orden de la Merced: “los religiosos de este Convento Máximo han ido a una con los franciscanos en el entusiasmo y seducción, saliendo con armas de comandantes a las expediciones; siendo muy pocos los que se han portado bien”.

En suma, “la iglesia quítense fue fortaleza máxima y alma mater de la Revolución [insurgente], guía e inspiradora de sus ideales, cerebro del Primer Poder Constituyente, maestra excelsa del derecho público ecuatoriano, su mártir por excelencia”.

La suerte de la Iglesia se hizo más grave a partir de la conjuración denominada «Fromista», en virtud de la cual salió de la diócesis un clérigo español, que había servido hábil y abnegadamente como mediador y conciliador, el magistral Rodríguez Soto; y en 1819 llegó un nuevo obispo, un español hecho para la lucha, Don Leonardo Santander y Villavicencio, antípoda del obispo Cuero y Caicedo, luz del patriotismo ecuatoriano.

“Había llegado – dice Tobar Donoso -, al clero la hora de enmudecer. No se acallan, sin embargo, de manera perenne los grandes clamores del alma humana, sobre todo cuando juntan dos nombres sagrados:Patria y Dios. España podía estar satisfecha de haber inspirado tan excelsos ideales”.

Movimientos patrióticos locales

En los movimientos patrióticos de las provincias ecuatorianas participaron, en primera línea, curas y frailes. En Ibarra fue miembro de la Junta el párroco Don Luis Peñaherrera y tomó parte decisiva el presbítero Domingo Benítez, además de varios religiosos. En Latacunga logró fama de esforzado patriota el Padre Gregorio Navarro. En Ambato, los vecinos y cuerpos tuvieron en la iglesia matriz, el 27 de agosto de 1809 su asamblea patriótica para secundar la obra de Quito.

Cuando llegó a Quito el Comisionado Regio don Carlos Montúfar y se formó la Junta Superior de Gobierno, en Riobamba se celebró Cabildo Abierto, con asistencia de los superiores de los conventos, curas de la ciudad y las parroquias vecinas y de pocos diputados elegidos por la nobleza local y el pueblo. Todos acordaron nombrar un representante ante la Junta de Quito; y la elección recayó en el Doctor Francisco Aguilar, reconocido insurgente de la provincia.

En Guayaquil y Cuenca no se pudo hacer un frente unido contra las fuerzas realistas; en la primera por razones de política interna, y en la segunda por haberlo impedido el obispo Quintián y Ponte. En 1820 llegará el momento cumbre de la independencia de estas dos ciudades.

Religión y patria

Por doquiera se oye la misma voz hermana «Religión y Patria», que advierte la imposibilidad de romper esta unión, considerada entonces por muchos sagrada, y funda el civismo nacional sobre la base secular de la fe. La Iglesia impulsa a la libertad, porque sabe que si se inspira en concepción teocéntrica de la persona humana, el orden político se vivificará con esta concepción; y que la religión nada pierde con la fundación de un hogar autónomo preparado por ella.

La sociedad civil, asentada sobre estas bases, no vaciló en dar todos los recursos que se le pidieron para sus operaciones militares en los años 1821 y 1822. Las Comunidades religiosas mostraron su fervor cívico insurgente, como en 1812; los sacerdotes no vacilaron en seguir a los insurgentes, estimular sus propósitos y preocuparse de su asistencia espiritual.

Un franciscano, el padre Domingo Labarca, pereció en el segundo Huachi junto con los soldados insurgentes. La Segunda batalla de Huachi fue un enfrentamiento ocurrido el 12 de septiembre de 1821 entre tropas independentistas lideradas por Antonio José de Sucre, y tropas realistas lideradas por Melchor Aymerich. Sucre tras haber vencido en Yaguachi avanzaba hacia Quito; los realistas españoles, quienes los seguían de cerca, se posicionaron en Huachi donde ya habían derrotado a fuerzas guayaquileñas un año atrás.

Valor de los procesos penales como fuente de reconstrucción histórica

Uno de los grupos de documentos más importantes sobre aquellos hechos que motivan este estudio histórico son, indudablemente, los procesos seguidos a los insurgentes en los primeros meses de 1810.

“La crítica histórica en todos los países suele tomar siempre con reserva los datos que aparecen en documentos procesales de carácter penal. Un proceso penal, generalmente, no saca a luz las virtualidades positivas de los hombres, sino que hurga en un campo propicio para que salgan a flote, inmisericordemente, defectos, pasiones, intrigas, calumnias, flaquezas y escorias del alma.

Si un juicio penal es de carácter político y es instaurado por las autoridades, procesando como reos a los enemigos vencidos, generalmente se corre el peligro de que no salga a luz la verdad, objeto de la investigación, sino de que las pasiones enturbien el panorama de los hechos. Las autoridades vencedoras suelen ensañarse en los caídos: tuercen los procedimientos legales, echan mano de testigos que no dicen la verdad sino que declaran de acuerdo con los intereses de sus amos, tratan a todo trance de comprometer más y más al acusado, de desprestigiarle no solamente en cuanto a sus actuaciones políticas sino también en cuanto a su vida privada, a fin de que pierda autoridad moral, y suelen disminuir la resistencia de los elementos más débiles, invitándoles con halagos y ofrecimientos a que comprometan a los demás.

Y lo que respecta a los procesados, es conocido el usual arbitrio de negar de plano las acusaciones, de evadir las respuestas, de complicar y enredar la madeja, a veces simple de los acontecimientos, de citar al mayor número de personas para que el proceso se abulte en declaraciones cada vez más alejadas del asunto mismo por el cual se abrió la investigación.

«El negar es padre y madre», suele decir el pueblo con su gracejo tradicional, al referirse a la posibilidad legal de contestar negativamente ante una acusación, por más que ésta entrañe visos de verosimilitud”.

Este juicio de metodología historiográfica se puede bien aplicar a todas las versiones sobre la historia de las independencias latinoamericanas, por lo que es necesario siempre un análisis crítico de las fuentes para acertar los hechos de manera lo más objetivamente posible como correspondiente a la realidad histórica del momento, teniendo en cuenta todos los factores en juego a partir de: el realismo, la racionalidad interpretativa y la moralidad a la hora de juzgar los diversos factores.

Médula religiosa de la primera Carta Constitucional

La Primera Carta Constitucional de la futura República del Ecuador es considerada como el documento de oro del Proceso insurgente, pues paga tributo a las primeras ideas que brotaban en el ambiente y constituían el alma política de la época insurgente. Su verdadera médula, que expresa el fondo de su mentalidad lo encontramos en la introducción del llamado «Pacto», que se estipula en el nombre de Dios Todopoderoso Trino y Uno; y en la que la declaración que los derechos humanos proviene de “Dios mismo como autor de la naturaleza”.

Tangible en la determinación de los designios del convenio, o sea “La gloria de Dios defensa y conservación de la Religión Católica felicidad de estas provincias”; y en el artículo IV donde se fija para siempre el criterio político-religioso de todas las constituciones ecuatorianas hasta 1895. Claro así mismo se muestra el artículo 16, donde se establece que los sospechosos en materia de religión quedan excluidos de la representación nacional. Evidente se muestra en el artículo 20, que garantiza todos los habitantes del Estado la inviolabilidad de sus derechos y, en particular, de su religión y de la libre expresión de sus sentimientos.

Visible, por último, en el art. 53, el cual dispone que “el Presidente asistirá a las fiestas juradas y de tabla”. Y “el día segundo de Navidad, el Jueves Santo, el de Corpus y el 10 de agosto aniversario de nuestra libertad, asistirá completa con sus tres Cuerpos la Representación Nacional, y en estos cuatro días, la municipalidad”.

El Dr. Agustín Salazar y Lozano, en sus «Recuerdos», dice que en ella “Se evidencia el carácter del pueblo y su celo por la libertad. La conservación de su Religión no porque hubiese quien se atreviese a combatirla, sino más bien por un digno alarde de sostener esa propiedad divina que nos concedió el Cielo y estimábamos como una herencia preciosa de nuestros padres: la separación de los Poderes […] la celebración cada dos o tres años de un Congreso soberano…”.

El Dr. Miguel Antonio Rodríguez, gran legislador de la época, rendía testimonio de su intuición de los fundamentos históricos-sociológicos de la nacionalidad ecuatoriana, y de que una de esas raíces seculares a las cuales no podía afectar el criterio de autodeterminación política, era la unión indisoluble de las provincias que componían cada Audiencia, foco centrípeto entorno del cual habían cobrado sentido uniformes todas las fuerzas históricas para la creación de la Patria.

Opinión del arzobispo ecuatoriano González Suárez, acerca de la independencia

En un discurso pronunciado el día 10 de agosto de 1881 en la Catedral de Quito, decía el arzobispo González Suárez:“Yo no me desataré en improperios contra el régimen colonial: Yo no lo condenaré absolutamente como retrógrado, porque eso sería vana declamación, contraria a la verdad histórica, tanto más cuanto muchos de los vicios de la administración española eran propios de las ideas y preocupaciones de la época, y no de sistema excogitado de propósito para torcer el camino de la justicia...

En la historia de las colonias españolas de América habían llegado las cosas a un estado tal, que ya era indispensable y esencial una reforma completa en el gobierno, pues con el sistema de la Metrópoli el adelantamiento de estos pueblos era casi moralmente imposible. El bien y provecho de España se nos dirá, exigía la conservación de las colonias bajo la autoridad y dependencia de la Metrópoli que las había descubierto, conquistado y civilizado. A esta observación respondo yo sin vacilar, terminantemente que los intereses de España bien entendidos le estaban aconsejando dar por sí misma la libertad política a sus colonias haciéndolas constituirse en naciones independientes.

¡Oh si España hubiese oído este consejo! ¡Qué de males no hubiera ahorrado! Esa sola medida habría hecho la felicidad de España y de sus colonias…. España perdía con la independencia de América ¿Pero acaso no podía pactar la separación de sus colonias, celebrando con ellas tratados de amistad, de alianza y de comercio, mediante los cuales se indemnizará ventajosamente de la emancipación de estas?... América le debía todo a España… ¡Oh si le hubiese debido también su independencia!

Mas, por desgracia, no sucedió así, y la guerra fue necesaria. El gobierno de España pretendió reprimir con la fuerza las aspiraciones nobles y generosas, que se manifestaban hacia la emancipación política, por parte de los americanos; cerró tercamente los oídos a todo consejo que no fuese el rigor y severidad, y ya no vio en los americanos más que rebeldes y criminales: las pasiones de odio, rencor y venganza, tanto de una parte como de otra, no tuvieron freno que las contuviera, ya toda la América se convirtió en un vasto campo de batalla.

Actualmente España empuña el cetro soberano sobre entrambos mundos: esa dominación pacífica haciendo de España y América un solo pueblo, no terminará jamás; y sobre ese imperio de la lengua y literatura castellana, que hará de España y América un solo pueblo, el Sol, de Carlos V no tendrá ocaso jamás”.

Lecciones para el porvenir

En las diversas naciones latinoamericanas que conmemoraban sus gestas independentistas alrededor del año 2010, los episcopados salieron a la palestra con proyectos basados en la esperanza de días mejores para América y su pueblo. Así, el episcopado argentino en una pastoral, indicaba que nada de lo humano puede resultar extraño para la iglesia que, por revelación de Dios y por la experiencia de la fe conoce que Jesucristo es la respuesta total, sobreabundante y satisfactoria a las preguntas humanas sobre la verdad, el sentido de la vida y de la realidad, la felicidad, la justicia y la belleza. Además, los obispos argentinos decían:

“Con vistas al bicentenario 2010-2016, creemos que existe la capacidad para proyectar, como prioridad nacional, la erradicación de la pobreza y el desarrollo integral de todos. Anhelamos poder celebrar un Bicentenario con justicia e inclusión social. Estar a la altura de este desafío histórico, depende de cada uno de nosotros. La gran deuda, es la deuda social. Podemos preguntarnos si estamos dispuestos a cambiar y a comprometernos para saldarla. ¿No deberíamos acordar entre todos que esa deuda social, que no admite postergación, sea la prioridad fundamental de nuestro quehacer?

Desde los inicios de nuestra comunidad nacional, aún antes de la emancipación, los valores cristianos impregnaron la vida pública. Esos valores se unieron a la sabiduría de los pueblos originarios y se enriquecieron con las sucesivas inmigraciones. Así se formó la compleja cultura que nos caracteriza. Es necesario respetar y honrar esos orígenes, no para quedarnos anclados en el pasado sino para valorar el presente y construir el futuro. No se puede mirar hacia adelante sin tener en cuenta el camino recorrido y honrar lo bueno de la propia historia.

Acercándonos al Bicentenario, recordamos que nuestra patria es un don de Dios, confiado a nuestra libertad, como un regalo que debemos cuidar y perfeccionar. Podremos crecer sanamente como Nación si reafirmamos nuestra identidad común.

En este tiempo necesitamos tomar conciencia de que «los cristianos, como discípulos y misioneros de Jesucristo, estamos llamados a contemplar en los rostros sufrientes de nuestros hermanos, el rostro de Cristo que nos llama a servirlos en ellos». Para nosotros, este es el verdadero fundamento de todo poder y de toda autoridad: Servir a Cristo, sirviendo a nuestros hermanos.

Todo líder, para llegar a ser un verdadero dirigente ha de ser ante todo un testigo. El testimonio personal, como expresión de coherencia y ejemplaridad hace el crecimiento de una comunidad.”

Se puede evocar una vez más a González Suárez: “Divididas la repúblicas americanas en facciones partidaristas, empeñadas en discordias internacionales, ¿No podría suceder que el gigante del norte descargara su mano de hierro sobre nosotros, y, quebrantándonos con su influencia avasalladora, nos engullera fácilmente?, me duele que haya discordia entre las repúblicas latinoamericanas: Virgilio, el gran épico romano, llamó, con razón insensata a la discordia: «Discordia demens: La discordia es locura, es insensatez»”.

EDUARDO MUÑOZ BORRERO, F. S. C.

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EDUARDO MUÑOZ BORRERO, F. S. C.

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