Diferencia entre revisiones de «PERSECUCIONES EN AMÉRICA LATINA; El caso ecuatoriano»

De Dicionário de História Cultural de la Iglesía en América Latina
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
 
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario)
Línea 1: Línea 1:
 +
== ==
 
Las especiales connotaciones ideológicas, sociales y politicas del siglo XIX, tienen en la historia de la Iglesia, manifestaciones del todo singulares, que lo convertirán en un siglo de constantes enfrentamientos con el poder civil, de dificultades sin cuento por lo que hace al cumplimiento de su propia misión en el mundo y que le dará, de algùn modo, una fisonomia propia, bastante similar en todos los paises donde entonces se hallaba presente.<ref>En el presente trabajo, utilizamos las siguientes abreviaturas:
 
Las especiales connotaciones ideológicas, sociales y politicas del siglo XIX, tienen en la historia de la Iglesia, manifestaciones del todo singulares, que lo convertirán en un siglo de constantes enfrentamientos con el poder civil, de dificultades sin cuento por lo que hace al cumplimiento de su propia misión en el mundo y que le dará, de algùn modo, una fisonomia propia, bastante similar en todos los paises donde entonces se hallaba presente.<ref>En el presente trabajo, utilizamos las siguientes abreviaturas:
  
Línea 85: Línea 86:
 
''«Es notorio además, con cuanta pasión Mons. Schumacher, Obispo de Portoviejo, junto con su clero inflama a la población de su Diócesis para resistir con las armas la revolución radical promovida por el General Alfaro, así como para rechazar las propuestas de paz ofrecidas por éste para impedir un inútil derramamiento de sangre. Las cartas pastorales por él publicadas en esa ocasion parecen manifiestos de guerra, escritos más por un jefe militar que por un Obispo»''.<ref>''Ibidem.''</ref>   
 
''«Es notorio además, con cuanta pasión Mons. Schumacher, Obispo de Portoviejo, junto con su clero inflama a la población de su Diócesis para resistir con las armas la revolución radical promovida por el General Alfaro, así como para rechazar las propuestas de paz ofrecidas por éste para impedir un inútil derramamiento de sangre. Las cartas pastorales por él publicadas en esa ocasion parecen manifiestos de guerra, escritos más por un jefe militar que por un Obispo»''.<ref>''Ibidem.''</ref>   
  
Y el otro, el sacrilegio cometido en la Capilla del Colegio San Felipe de los padres [[EVANGELIZACIÓN_DE_AMÉRICA;_contribución_de_los_jesuitas | Jesuitas]] en la ciudad serraniega de Riobamba.<ref>''«El General Echeverria profanó sacrílegamente las sagradas imagenes y las hostias consagradas en la Iglesia de los Padres [[EVANGELIZACIÓN_DE_AMÉRICA;_contribución_de_los_jesuitas | Jesuitas]]; la despojó de todos los vasos y ornamentos sagrados, metió en prision a todos aquellos religiosos e hizo asesinar a su anciano y santo superior, encarceló en fin al venerado Obispo diocesano, y luego lo mandó al exilio junto al Deán del Cabildo de Catedral. Es necesario hace notar que todas estas atrocidades fueron generalmente cometidas cuando el Ecuador se encontraba casi en estado de anarquía, y en momentos en que el General Alfaro se encontraba lejos de la Capital ocupado en combatir, en varios puntos del territorio, la insurreción de los católicos serranos contra el nuevo gobierno revolucionario. Por el contrario, el General Alfaro y los actuales ministros procuran negar los mencionados excesos y declinan toda responsabilidad, que se quiere en cambio achacar por entero a las autoridades subordinadas: entretanto, el gobierno no ha castigado como debiera a los autores y culpables de esos delitos, y por lo mismo está acusado justamente de complicidad o al menos de aprobación tácita. Terminada la guerra civil y consolidado el gobierno radical, continuaron por parte de este las ofensas a la Iglesia y sus ministros »''. ''lbidem''. Cf. BENITEZ 1, ''Testigos del 4 de mayo de'' 1897, QUITO 1997; CASTILLO -ILLINGWORTH., ''Documentos para la historia del sacrilegio de Riobamba'', en ''Revista del lnstituto de Historia Eclesiástica Ecuatoriana'', 17, Quito 1997. En este estudio constan las notas oficiales cruzadas entre la Delegación Apostólica y el gobierno liberal. </ref>El Obispo de Riobamba fue desterrado y expulsado violentamente de su Diócesis, los Obispos de Portoviejo y Loja se vieron precisados a salir voluntariamente del país. Varios canonigos y sacerdotes fueron también expulsados por la fuerza. En Quito, fue asesinado a sangre fría y a traición el periodista católico León Vivar, hecho que causó incluso renuncias y protestas en el gabinete ministerial del propio Jefe Supremo.  
+
Y el otro, el sacrilegio cometido en la Capilla del Colegio San Felipe de los padres [[EVANGELIZACIÓN_DE_AMÉRICA;_contribución_de_los_jesuitas | Jesuitas]] en la ciudad serraniega de Riobamba.<ref>''«El General Echeverria profanó sacrílegamente las sagradas imagenes y las hostias consagradas en la Iglesia de los Padres Jesuitas; la despojó de todos los vasos y ornamentos sagrados, metió en prision a todos aquellos religiosos e hizo asesinar a su anciano y santo superior, encarceló en fin al venerado Obispo diocesano, y luego lo mandó al exilio junto al Deán del Cabildo de Catedral. Es necesario hace notar que todas estas atrocidades fueron generalmente cometidas cuando el Ecuador se encontraba casi en estado de anarquía, y en momentos en que el General Alfaro se encontraba lejos de la Capital ocupado en combatir, en varios puntos del territorio, la insurreción de los católicos serranos contra el nuevo gobierno revolucionario. Por el contrario, el General Alfaro y los actuales ministros procuran negar los mencionados excesos y declinan toda responsabilidad, que se quiere en cambio achacar por entero a las autoridades subordinadas: entretanto, el gobierno no ha castigado como debiera a los autores y culpables de esos delitos, y por lo mismo está acusado justamente de complicidad o al menos de aprobación tácita. Terminada la guerra civil y consolidado el gobierno radical, continuaron por parte de este las ofensas a la Iglesia y sus ministros »''. ''lbidem''. Cf. BENITEZ 1, ''Testigos del 4 de mayo de'' 1897, QUITO 1997; CASTILLO -ILLINGWORTH., ''Documentos para la historia del sacrilegio de Riobamba'', en ''Revista del lnstituto de Historia Eclesiástica Ecuatoriana'', 17, Quito 1997. En este estudio constan las notas oficiales cruzadas entre la Delegación Apostólica y el gobierno liberal. </ref>El Obispo de Riobamba fue desterrado y expulsado violentamente de su Diócesis, los Obispos de Portoviejo y Loja se vieron precisados a salir voluntariamente del país. Varios canonigos y sacerdotes fueron también expulsados por la fuerza. En Quito, fue asesinado a sangre fría y a traición el periodista católico León Vivar, hecho que causó incluso renuncias y protestas en el gabinete ministerial del propio Jefe Supremo.  
  
 
Entre los religiosos fueron expulsados los Capuchinos de Ibarra y los Salesianos de Quito y sus alrededores; estos últimos acusados de aprovechar de las instalaciones de los talleres de artes y oficios que regentaban, para preparar municiones para el ejército constitucional.<ref>La acusación era evidentemente falsa. El Gobierno constitucional tomó los talleres como «industria de guerra», y en ellos efectivamente preparó pertrechos militares, pero sin la intervención de los salesianos. Años rnás tarde, durante la dominación liberaI, la Congregación obtuvo sentencia favorable en el juicio que siguió contra el Gobierno por daños y perjuicios, y éste fue obligado a pagar indemnización. Cf. Sacra Con-gregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari. Equatore. Ponencia a Stampa, Marzo 1897. Allegato K al N. III. ''Espulsione dei'' PP. ''Salesiant da Quito e loro difesa''. AAEESS. E, POSO 369; GUERRIERO A. y CREAMER P., ''Un siglo de presencia Salesiana en el Ecuador'', 1888-1988, Quito 1988. </ref>Así mismo se expulsó a los [[EVANGELIZACIÓN_DE_AMÉRICA;_contribución_de_los_jesuitas | Jesuitas]] de las misiones orientales y se pretendió expulsar a los hermanos de las Escuelas Cristianas.  
 
Entre los religiosos fueron expulsados los Capuchinos de Ibarra y los Salesianos de Quito y sus alrededores; estos últimos acusados de aprovechar de las instalaciones de los talleres de artes y oficios que regentaban, para preparar municiones para el ejército constitucional.<ref>La acusación era evidentemente falsa. El Gobierno constitucional tomó los talleres como «industria de guerra», y en ellos efectivamente preparó pertrechos militares, pero sin la intervención de los salesianos. Años rnás tarde, durante la dominación liberaI, la Congregación obtuvo sentencia favorable en el juicio que siguió contra el Gobierno por daños y perjuicios, y éste fue obligado a pagar indemnización. Cf. Sacra Con-gregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari. Equatore. Ponencia a Stampa, Marzo 1897. Allegato K al N. III. ''Espulsione dei'' PP. ''Salesiant da Quito e loro difesa''. AAEESS. E, POSO 369; GUERRIERO A. y CREAMER P., ''Un siglo de presencia Salesiana en el Ecuador'', 1888-1988, Quito 1988. </ref>Así mismo se expulsó a los [[EVANGELIZACIÓN_DE_AMÉRICA;_contribución_de_los_jesuitas | Jesuitas]] de las misiones orientales y se pretendió expulsar a los hermanos de las Escuelas Cristianas.  

Revisión actual del 20:00 10 ago 2020

Las especiales connotaciones ideológicas, sociales y politicas del siglo XIX, tienen en la historia de la Iglesia, manifestaciones del todo singulares, que lo convertirán en un siglo de constantes enfrentamientos con el poder civil, de dificultades sin cuento por lo que hace al cumplimiento de su propia misión en el mundo y que le dará, de algùn modo, una fisonomia propia, bastante similar en todos los paises donde entonces se hallaba presente.[1]

El embate de la ideologia liberal, que reducirá al Pontifice Romano a los estrechos limites del Palacio Apostólico pretendiendo sujetarlo a la llamada “Ley de Garantias”, es paradigmático de lo que, con poquísimas excepciones, sucederá en los lugares donde la Iglesia Católica desarrollaba su misión.[2]

Asi, el centenario del Concilio Plenario de América Latina, no es solo conmemoración de aquella Asamblea que tuvo entre sus logros no menores el de unir a las Iglesias particulares latinoamericanas y ayudarlas a tornar conciencia de tantos elementos comunes, sino también conmemoración centenaria de durísimas persecuciones a las que fueron sometidas. En efecto; antes, durante y después de la celebración del Concilio Plenario Latinoamericano, la Iglesia americana sufrió persecuciones de diversos tipos y de diversos signos; estudiar todas, en el breve espacio de una comunicación, seria empresa casi imposible, sobre todo si pretendemos analizar los pormenores de cada una de ellas. Por eso, he escogido el caso ecuatoriano, porque en definitiva, todas las persecuciones que se desarrollaron en América a fines del XIX y principios del XX, presentan características comunes, y más que los hechos en sí mismos considerados, es el esquema lo que pretendo analizar en la presente comunicación.

Los archivos de la Santa Sede conservan un acervo documentaI abundantísimo sobre este tema: informes de los representantes pontificios, cartas de los prelados, de los superiores religiosos, de católicos preocupados, recortes de prensa, leyes dictadas por los diversos órganos legislativos, y por supuesto, la documentación emanada de la Secretaria de Estado, de la Congregación de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios, de los diversos dicasterios de la Curia, que ofrecen al investigador diferentes ángulos y perspectivas de estudio. Por lo que hace a la documentación relativa al Ecuador, esta es especialmente significativa, toda vez que la persecución en ese pais fue simultánea a la celebración del Concilio.

La Iglesia en el Ecuador durante el siglo XIX: los elementos de la persecusión

La persecución religiosa que se desatará en el Ecuador a partir de 1895, no es de ninguna manera un hecho aislado, ni mucho menos nuevo: en la historia de los primeros 60 años de vida independiente de la República, podemos establecer varios elementos que facilitarán e incluso apoyarán la persecución; unos externos a la propia Iglesia y otros internos.[3]

Un primer elemento claramente identificable está constituido por la llamada “Ley de Patronato”, y el aparato legal conexo, dictada por la Convención de Cúcuta el año 1824, a la que queda sujeto el Ecuador en su condición de Estado miembro de la Gran Colombia, y asumida luego como parte de su legislación propia, al iniciar su andadura independiente en 1830. La Ley de Patronato, pretendió ser, y de hecho lo fue en la practica, continuación del antiguo privilegio concedido por la Sede Apostólica a los Reyes de España, con el objeto de recompensar la empresa evangelizadora que asumía la Corona de Castilla, pero ahora vaciado de su contenido, para convertirse, como ya lo era desde los últimos años de la dominación española, en arma para controlar a la Iglesia; esto es asi por una razón evidente: por una parte es conocido que el regalismo borbonico consideró al Patronato como un «derecho inherente» a la Corona misma, y en esa linea lo consideraron las Repúblicas independientes como una forma de legitimar el poder asumido por la revolución.[4]

El Patronato arbitrariamente asumido, sin consentimiento de la Santa Sede, por algunas de las Repúblicas americanas y en concreto por el Ecuador, será esgrimido contra la Iglesia cada vez que ésta pretenda ejercer sus derechos en orden al cumplimiento de sus fines: la Ley de Patronato mantendra las sedes episcopales vacantes, cuando la autoridad eclesiástica no quiera doblegarse ante el poder civil; impedirá la libre erección de Diócesis nuevas o la modificación de sus límites; se apoderará de las rentas eclesiásticas o impondrá contribuciones extraordinarias cuando las arcas del Estado estén vacias, lo cual ocurría casi siempre; facilitará la indisciplina, amparando los recursos de fuerza contra las decisiones de la autoridad eclesiástica; intervendrá en los planes de estudios eclesiásticos, en los horarios de apertura y cierre de las iglesias, en la censura de la predicación, cuando aquello interese a la conveniencia de las circunstancias políticas.[5]En el Ecuador, la Ley de Patronato de 1824 será una especie de fantasma que se mantendrá en vigor hasta la suscripción del Concordato de 1862, y que resucitará como arma persecutoria en 1876 y nuevamente en 1895.

La vigencia de la Ley de Patronato convertirá a la Iglesia en el Ecuador en una Iglesia apocada, que no puede desarrollar su misión con libertad, temerosa siempre de llamar la atención, de salirse de los estrechos carriles impuestos por la ley, presa fácil de los caprichos del gobernante de turno; donde se mantiene la fe a pesar de la falta de un robusto conocimiento doctrinal, donde los seminarios languidecen por falta de alumnos, de profesores competentes, de una sólida y eficaz disciplina que facilite el crecimiento de la vida interior, donde las comunidades religiosas a pesar de sus innegables esfuerzos, viven temerosas de pasarse de la raya y exponerse a ser expulsadas.[6]

El Concordato negociado y suscrito por García Moreno en 1862, paradójicamente se convertirá también no solo en pretexto para la persecución, sino en elemento siquiera indirecto de ella.[7]En efecto, si el Concordato garciano tuvo el indudable mérito de establecer por primera vez de modo claro, la verdadera naturaleza juridica de la Iglesia, el personalismo del Presidente obligó de algún modo a incluir en él normas que a la postre facilitaron la persecución desatada tras su violento asesinato en 1875, y posteriormente durante la revolución liberal de 1895.

Piénsese por ejemplo, en las disposiciones que dejaban en manos de la Iglesia toda la educación oficial en la Republica, y al amparo de las cuales García Moreno contrató religiosos y religiosas para que emprendieran esa tarea: la imposición de la educación laica en el Ecuador, que ha permanecido en pleno vigor hasta hace pocos años, fue posible gracias al sistema de contratos ideado por el Presidente; rescindidos los contratos, los religiosos y religiosas se vieron desamparados, privados de los colegios e incluso de las casas de habitación que como parte del contrato habian recibido.

Otro elemento que facilitará la persecución fue el tema de las rentas eclesiásticas. Alcanzada la independencia a costa de grandes esfuerzos, también económicos, los nuevos Estados se encontraron de la noche a la mañana en la necesidad de organizar la administración pública a todos sus niveles: crear un aparato jurídico-legislativo diverso del hasta entonces vigente, un organigrama administrativo nuevo y, por supuesto, la hacienda pública: y ¿qué mejor que echar mano de la caja común que venia funcionando desde tres siglos atrás, y que contaba con el diezmo como una contribución segura y bastante bien recaudada?

Al amparo de la Ley de Patronato, el Estado recaudará el diezmo y participará en el producto de la recaudación en proporción a sus necesidades cada vez más crecientes, y lo recaudará con dureza y lo volvera odioso, y la Iglesia cada vez recibirá menos y no obstante cargará con la culpa de los abusos de la recaudación.[8]

El nuevo sistema ideado e impuesto durante la administración de Antonio Flores Jijón hacia 1880, con la aprobación de la Santa Sede y contra la opinión unánime del episcopado ecuatoriano, agravará las cosas al transformar el diezmo en una contribución civil, que fue fácilmente derogada al advenimiento de la revolución radical.[9]

Un cuarto elemento que, por las circunstancias politicas del Ecuador republicano, será más evidente en esa época, es el de la activa y no siempre pacífica intervención del clero en la politica partidista. Si activa fue la participación de algún sector del clero durante la lucha por la independencia, ésta alcanzará sus máximas cotas cuando en el Ecuador vayan consolidando y adquiriendo su fisonornia propia los partidos Conservador y Liberal, y empiecen a surgir los primeros e inevitables conflictos doctrinarios entre ambos, y la lucha por el poder se vaya tornando cada vez más agresiva, lo que sucede en la segunda mitad del siglo XIX.

El episcopado -y me refiero a 7 Obispos- casi en su totalidad, tomará abierto partido por los conservadores y participará activamente en la politica partidista, encabezados por el metropolitano, en cuyo palacio sesionará el partido conservador y de cuya imprenta saldrán sus panfletos. Cuando en la decada de los 80 surja el partido Progresista, con su pretensión de unir las fuerzas de los conservadores y liberales moderados, el clero conservador se unirá activamente a los conservadores radicales y a los liberales radicales para hundir al tercer partido.

Mons. Guidi, encargado de Negocios de la Santa Sede, en el apéndice a su informe sobre la situación religiosa de la república, que escribe en 1898 en cumplimiento de sus instrucciones, al referirse a la participación del clero en politica, dice entre otras cosas: «Es indudable que el clero ecuatoriano, quiza más que cualquier otro, interviene en las campañas electorales. Tales intervenciones no se restringen al uso moderado y pacífico del derecho activo y pasivo de elección que la Constitución concede a todo ciudadano, sino que la accion del clero va mucho más alla y no raramente excede los justos limites del decoro eclesiástico. Con ocasion de las elecciones, Canónigos, párrocos, simples sacerdotes e incluso religiosos claustrales se arrojan con ardor y pasion en las agitaciones y luchas de partido (...) Desgraciadamente el ejemplo viene de lo alto, porque los mismos Obispos y altos dignatarios eclesiásticos han bajado a la arena electoral, favoreciendo con cartas pastorales y de otras maneras eficaces la causa de un determinado partido politico. Me limito a recordar a tal proposito, lo que muy por encima he señalado en la pnmera parte de este trabajo, respecto a la activisima parte tomada por el difunto Arzobispo Mons. Ordánez, por su Vicario General, Canónigo Campuzano y por los Obispos de Loja y Portoviejo en las elecciones presidenciales de 1892 (...) En esa ocasión, el palacio arzobispal de Quito se constituyó casi como sede o centro del movimiento electoral (...) de la imprenta del clero, que funciona en el mismo palacio, salian y se difundian a manos llenas, entre el clero y el pueblo, diarios, folletos y manifiestos (...) En resumen, la causa de la religion y de la Iglesia se hacia asi aparecer como estrechamente solidaria con el partido conservador; y por eso, todos cuantos no pertenecian a este partido politico o no se pronunciaban a favor de su candidato, eran calificados de liberales condenados por la Iglesia, excomulgados y herejes. Errar este, en mi subordinado parecer, pernicioso y funesto, que ha sido luego el origen de todos los males que ahora afligen a la Iglesia ecuatoriana y pretexto de todas las represalias que el actual gobierno ha cometido contra el clero».[10]

No es raro pues que, triunfante la revolución liberal, sus ataques no se dirijan contra el partido Conservador, quizá porque sus propias disensiones internas, la mediocridad intelectual de sus dirigentes, la falta de un ideario concreto y sólidamente edificado, lo hacian un enemigo poco significativo, victima de su propia autodestrucciòn.[11]Los ataques se volverán contra la Iglesia, y en particular contra los Obispos y el clero, convertido en paladín del conservadurismo, en un enemigo sólido y de talla que sí constituía un verdadero peligro y una amenaza real para la revolución triunfante.[12]

La Iglesia en el Ecuador en la época de la revolución

Cuando en 1895 estalla en el Ecuador la revoluciòn liberal, se encuentra con una organización eclesiástica evidentemente débil, a consecuencia en último análisis de la lucha que a lo largo de la historia habia venido librando para mantener su independencia en el campo que le es propio. Es la razón última de ese debilitamiento, porque existieron otras, derivadas o consecuencias de aquella, que coadyuvaron a que la Iglesia no pudiera desarrollarse plenamente en el Ecuador republicano: escasez de clero, su deficiente formación, la desunión que con no poca frecuencia se observa entre la jerarquía alli constituida, los miembros de los cabildos eclesiásticos y el clero diocesano, la falta de vigor en la labor de apostolado, que se manifiesta a su vez en la escasez de vocaciones y en la falta de una sólida y operativa formación doctrinal en los fieles, todo lo cual puede ser consecuencia de la ausencia a su vez, de una eficaz labor de gobierno episcopal causada no tanto por los hombres que ocuparon las diócesis, cuanto por las largas vacantes a que se vieron sometidas a consecuencia de la injerencia del poder civil en los nombramientos.[13]

En 1895, de las siete diócesis que existian en el República, cinco tenian Obispos propios; pero bien pronto, tres de ellos saldrían del pais perseguidos o expulsados por los liberales: Andrade de Riobamba,[14]Massiá, de Loja,[15]y Schumacher,[16]de Portoviejo. Las diócesis de Guayaquil y Cuenca estaban gobernadas por Administradores Apostólicos, pues sus Obispos habian sido suspendidos por la Santa Sede de la jurisdicción episcopal, algunos años atràs.[17]Quedaron en el Ecuador solamente el Metropolitano, Pedro Rafael González Calisto,[18]17 y el obispo de Ibarra, Federico González Suárez.[19]

Como hemos señalado, no fueron los Obispos ecuatorianos totalmente ajenos a la situación creada en torno a ellos: muchas veces, movidos por el celo por su Iglesia, habian tomado parte más o menos activamente en las luchas politicas, favoreciendo a uno u otro partido. En este sentido, es sumamente esclarecedor el análisis pormenorizado que hace el Encargado de Negocios de la Santa Sede, Mons. Guidi, en sus informes sobre la situación política y religiosa del pais, así como los testimonios de importantes personajes de la epoca.[20]

Figura clave en los momentos más duros de la persecución, será el Obispo de Ibarra y luego Arzobispo de Quito, Federico González Suárez, contrario siempre a la política conservadora, sobre todo en aquello que suponía mezclar a la Iglesia en la lucha de partidos. Se mostró públicamente amigo, no de las ideas liberales a las que combatió con fortaleza, sino de los liberales individualmente considerados, lo que lo colocó en el centro de enconadas disputas que muchas veces se extendieron al pulpito, al confesionario y a las aulas de los Seminarios. No obstante, es posible asegurar que fue esa actitud de personal benevolencia hacia los liberales, lo que impidió, en buena medida, la total destrucción de la Iglesia en el Ecuador.[21]

El gobierno diocesano confiado a Administradores Apostólicos, que bien pronto será el caso de prácticamente todas las diócesis, se demuestra claramente insuficiente durante el periodo que estudiamos.[22]Por lo que respecta al clero ocupado en el ministerio parroquial, la situación era en general sumamente difícil: salvo la Diócesis de Cuenca, que suministraba clero a las demàs, el las otras la escasez era alarrnante.[23]

Junto a la falta de clero, la deficiencia en la instrucción era quizá el obstáculo mas grave que impedía una efectiva acción evangelizadora; carencia que era más notable en el clero antiguo. Los seminarios existentes en algunas de las Diócesis apenas podían llamarse tales, aparte de que eran al mismo tiempo escuelas elementales para alumnos sin intención de llegar al sacerdocio.

La apreciaci6n de Mons. Guidi acerca del clero no deja de ser interesante: «En cuestiones religiosas, raramente se encuentra entre ellos discordias o divergencias de opinión y de acción, pero no sucede eso en cuestiones políticas. Desgraciadamente una parte del clero se ocupa de política más de lo que debe y de lo que conviene, y se deja envolver fácilmente en las agitaciones apasionadas de los partidos, poniendo al servicio de estos la religión, su autoridad y la influencia del ministerio sacerdotal. De aqui el origen de la aversión y del odio, que los liberales y radicales profesan al clero, y de las persecuciones que estos mueven contra la Iglesia y sus ministros, cuando están como ahora en el poder».[24]

El gobierno radical tomará pretexto de esta actividad generalmente alejada del ministerio sacerdotal, para perseguir al clero, para callar su voz, alegando siempre que no es a la Iglesia y a la religión a quien atacan, sino la intervención del clero en un campo que no le corresponde: el de la lucha política, lucha más generalizada si cabe durante las campañas electorales, y que no estaba del todo ausente en las agitaciones políticas.[25]

La Revolución Radical de 1895: la persecución

Estaba ya en el ambiente la celebración del Concilio Plenario Latinoamericano, cuando en el Ecuador estalló la revolución radical de 1895. La sorda lucha de partidos que se venía fraguando lentamente desde los albores de la república, se decanta por el triunfo del liberalismo radical sobre conservadores y progresistas. Bien pronto, el caudillo liberaI asegurará que no venía a atacar a la religión, sino a acabar con la teocracia, una teocracia que veía encarnada en la tenaz oposición que el clero hacía a la politica liberal.[26] La persecución liberal será en primer lugar, y quizá esto sea lo que salta a la vista, contra la Iglesia institucional, pero en el fondo y en eso fue más sutil, contra la misma conciencia cristiana de un pueblo sencillamente católico. Salvo algún caso aislado, la persecución contra la fe no sera iconoclasta, aunque disimuladamente y con el pretexto de la tranquilidad pública, procurará yugular las manifestaciones de piedad popular. Un estudio de la ofensiva liberal descubre pronto dos formas de persecución. Una persecución por decirlo así, fisica, que será la de menores resultados, la más esporádica, la más puntual y siempre dirigida contra la jerarquia, el clero y los religiosos, y una persecución institucional, caracterizada por la transformación de las instituciones jurídicas fundamentales, empezando por la derogación de los principios constitucionales que consagraban la confesionalidad del Estado. Esta segunda forma de persecución tendrá dos finalidades: apartar al clero de las actividades públicas y en concreto de la politica partidista, y descristianizar la sociedad. Vamos a tratar de cada una por separado.

La violencia física como manifestación de la persecución

El historiador Robalino Dávila señala que los hechos de fuerza en la revolución liberal ecuatoriana fueron más bien producto de la decisión personal de jefes militares, que plan trazado desde el gobierno central, y en efecto, en esa opinión coinciden los documentos de la época.[27]

Si bien es cierto que la persecución liberal desatada en el Ecuador a raíz de la revolución liberal no puede calificarse de cruenta, no dejaron de haber episodios de este tipo. Dos son los más relevantes como fenómeno de masas. El primero, la quema del pueblo de Calceta en la provincia de Manabí, que tuvo por objeto expulsar de allí al Obispo de la diócesis, Mons. Pedro Schumacher y en la que al parecer se mostró nuevamente el celo mal entendido del Prelado: «Es notorio además, con cuanta pasión Mons. Schumacher, Obispo de Portoviejo, junto con su clero inflama a la población de su Diócesis para resistir con las armas la revolución radical promovida por el General Alfaro, así como para rechazar las propuestas de paz ofrecidas por éste para impedir un inútil derramamiento de sangre. Las cartas pastorales por él publicadas en esa ocasion parecen manifiestos de guerra, escritos más por un jefe militar que por un Obispo».[28]

Y el otro, el sacrilegio cometido en la Capilla del Colegio San Felipe de los padres Jesuitas en la ciudad serraniega de Riobamba.[29]El Obispo de Riobamba fue desterrado y expulsado violentamente de su Diócesis, los Obispos de Portoviejo y Loja se vieron precisados a salir voluntariamente del país. Varios canonigos y sacerdotes fueron también expulsados por la fuerza. En Quito, fue asesinado a sangre fría y a traición el periodista católico León Vivar, hecho que causó incluso renuncias y protestas en el gabinete ministerial del propio Jefe Supremo.

Entre los religiosos fueron expulsados los Capuchinos de Ibarra y los Salesianos de Quito y sus alrededores; estos últimos acusados de aprovechar de las instalaciones de los talleres de artes y oficios que regentaban, para preparar municiones para el ejército constitucional.[30]Así mismo se expulsó a los Jesuitas de las misiones orientales y se pretendió expulsar a los hermanos de las Escuelas Cristianas.

La persecución legalizada

Dejando a un lado los hechos de violencia, que los hubo y que sin duda no son anecdóticos, la verdadera persecución -y en esto la ecuatoriana es modelo de las persecuciones a las que se vio sometida la Iglesia en esa época-, se desarrolló en el ámbito de la legalidad institucional. Con un plan bien trazado, el radicalismo procurará desmantelar la Iglesia, hacerla desaparecer por propia consunción, desterrarla de la vida pública. Para eso será necesario en primer lugar, maniatar al clero y a la jerarquía -a ésta ya hemos visto como la dejó fuera de combate-, y el modo más seguro y fácil de hacerlo será privarlo de los medios de subsistencia.

No es raro por esto que en la primera constitución promulgada luego de la revolución, el artículo sobre la religión del Estado apenas se haya modificado, admitiendo la libertad de cultos. Mantenía sin embargo a la religión católica como la religión del Estado, y la obligación de este de protegerla y hacerla respetar.

El Concordato se dejará insubsistente mediante la fórmula de establecer en la Constitución que los tratados internacionales se consideraban válidos en la medida en que no se oponían a la Constitución. Y el Concordato se opondrá al espiritu y a la letra constitucional; por ejemplo en lo relativo a la libertad de cultos, a la intervención de la autoridad eclesiástica en lo tocante a la vigilancia de la doctrina en los establecimientos educacionales, al fuero eclesiástico, etc.

Por lo tanto, sin decirlo, el Concordato quedaba derogado unilateral y tácitamente, mientras la legislatura de 1899 resucitaba y ponía nuevamente en vigor, modificada, la Ley de Patronato de 1824, como una forma -según decía el Gobierno- de no dejar desamparada a la Iglesia mientras se reformaba el Concordato de acuerdo a los nuevos principios constitucionales.

Poco antes y como medida eficaz en orden al plan previsto, se habia dictado una ley que privaba a la Iglesia de la contribución predial que reemplazó al diezmo en virtud de un acuerdo que se consideró en su momento incorporado al Concordato, de modo que aquel quedó violado abiertamente, remplazando la contribución por un impuesto absolutamente fiscal llamado de Culto y Clero; impuesto que recaudado por los recaudadores fiscales seria pagado a las diócesis previa presentación de sus respectivos presupuestos para su aprobación por el ministerio respectivo.

Así mismo se prohibirá cobrar los derechos llamados “de estola o pié de altar”, esto es los aranceles parroquiales, y las primicias que cobraban los párrocos rurales, so pretexto de que el Estado suplía en este punto a los fieles y pagaba del impuesto de Culto y Clero lo necesario para la subsistencia de los ministros eclesiásticos.

Lógicamente, la asignación eclesiástica no se pagará prácticamente nunca, con diversos pretextos. No se recaudaba lo suficiente, la revolución demandaba gastos que no permitían distraer las recaudaciones de ese objeto, los trámites administrativos de aprobación de los presupuestos tardaban, los Obispos no admitían las modificaciones hechas a los presupuestos presentados, etc. Mientras tanto, los Obispos, los cabildos y los párrocos languidecían y se las veían para poder subsistir.[31]

La aplicación de la Ley de Patronato en lo relativo a la designación de Obispos, permitió al nuevo régimen mantener las sedes vacantes y administradas de modo precario por Administradores Apostólicos. Largo y complicado es el iter de nombramiento de Obispos en el Ecuador durante la dominación liberal, y como demostramos en un estudio sobre el tema, estuvo íntimamente ligado a la cuestión económica: solo a los Obispos nombrados de acuerdo a esa Ley, es decir a los presentados por el Gobierno y admitidos como tales por la Santa Sede, se les pagaría la renta fiscal.

En este tema, es notable la postura de la Secretaria de Estado, regida entonces primero por el Cardenal Rampolla y luego por Merry del Val, que no alcanzó a darse cuenta de la dimensión del problema, exigiendo siempre que el Estado garantice la subsistencia de la Iglesia, toda vez que había suprimido el impuesto pactado de común acuerdo, sea permitiéndole percibir una contribución directa de los fieles o estableciendo una nueva contribución sustitutiva.[32]

En 1906, ante la situación creada por el gobierno, González Suárez escribía al Delegado Apostólico: « Si el Padre Santo nos concediera la gracia de renunciar a la renta, que, tal vez ofrecería el Gobierno, la Iglesia se salvará de su ruina en el Ecuador: si el Gobierno continua en su ardid diabólico de la renta, no permitirá que se elijan Obispos, estorbará astutamente la elección, y, entre tanto, fomentará la división del clero y la corrupcion del pueblo (...) la renta se decretará, la renta se cobrará del pueblo: pero no se pagará al clero».[33]

En este punto, la decisión del Arzobispo González Suárez, de renunciar por sí y ante sí, como Metropolitano de la provincia eclesiástica ecuatoriana, a toda renta proveniente del tesoro nacional y contra la voluntad expresa de la Secretaria de Estado, salvó la situación y quitó al Gobierno todo pretexto para mantener las diócesis vacantes.[34]

La profunda aversión del gobierno hacia el Obispo de Portoviejo, autoexiliado en Pasto (Colombia), y el lamentable estado de abandono en que quedó la diócesis luego de la revolución, fue pretexto para que mediante decreto legislativo se suprimiera esa diócesis anexando su territorio a la de Guayaquil. Esta situación, respaldada por una ley, permitió al gobierno del general Alfaro confinar en Quito al nuevo Obispo de la diócesis, nombrado en 1908. No pudo impedirle sin embargo que tomara posesión de ella por procurador, y que la gobernara desde su confinamiento por medio de un Vicario.[35]

Es verdad que el gobierno podia impedir a los Obispos nombrados desde ese momento entrar en sus diócesis, pero en ningun caso podia impedirles ejercer una jurisdicción que, aún en la cárcel o en el destierro, poseían por derecho propio por el solo hecho de su nombramiento por parte del Romano Pontífice y de su posterior consagración episcopal. González Suárez cortó el nudo gordiano y ató las manos al gobierno, que no podia hacerse impopular en medio de un pueblo eminentemente católico, ejerciendo actos de fuerza contra los Obispos legitimamente nombrados. En el manifiesto publicado en Quito, el 5 de Septiembre de 1906, dejará claro el Arzobispo la doctrina sobre el primado del Romano Pontífice y la independencia de la Iglesia y el Estado en sus respectivos àmbitos: «El Gobierno dictatorial del Ecuador desconoce mi autoridad de Arzobispo de Quito: ¿Dejaría por eso yo de ser Arzobispo? Arzobispo y Arzobispo de Quito, seguiría siendo yo en el Palacio de la Capital de la República, si la venda del sectarismo politico se les cayera de los ojos a los hombres de la Dictadura (. .. ) Arzobispo y Arzobispo de Quito, he de seguir siendo yo en el fondo del Panóptico, si la mano omnipotente de la dictadura me sumiera en un calabozo, por el crimen de haber obedecido a quién tenia pieno derecho de mandarme (...) ¿el destierro? Por remoto que de la tierra patria estuviere el lugar de mi proscrpción, allí no he de dejar de ser yo el Metropolitano de la Provincia Eclesiástica Ecuatoriana.., De dos cosas no podréis nunca despojarme, del amor a la Patria y del Palio arzobispal ».[36]

A partir de 1906, esto es 10 años después del inicio de la transformación liberal, las diócesis pudieron proveerse con más o menos normalidad: más o menos normalidad porque entre los requisitos de hecho, que debían tener los candidatos estaba el de poseer algun patrimonio que les permitiera sostenerse, lo que dificultaba mucho la elección, aparte de que pocos eran los que, por su postura frente a las luchas politicas, podian ser más o menos tolerados por el gobierno, requisito este que a González Suárez, único Obispo entonces en el territorio de la República, le resultaba dificil encontrar.[37]

Las negociaciones entabladas por el gobierno con la Santa Sede para lograr un arreglo a las cuestiones religiosas, se estrellaron contra las pretensiones de aquel, inadmisibles para la Santa Sede. Dos fueron esas negociaciones, la primera en 1898, que tuvo como protagonista a Monseñor Juan Bautista Guidi, Encargado de Negocios Interino, que a las dificultades propias de su misión añadió, a mi juicio, algo de falta de tino para negociar, a más de que fue planteada en un momento politicamente inconveniente: cuando la revolución recién había triunfado y no tenia aún enemigos de peso que la hicieran tambalear. La segunda, encomendada a Monseñor Pedro Gasparri, en 1901, quien con habilidad y buen sentido logró suscribir tres protocolos y dejar adelantada la revisión del Concordato, pero cuya misión estaba destinada al fracaso, al haber sido planteada por el gobierno como medio de captación de la voluntad de los católicos en medio de una campaña electoral en la que veía peligrar su futuro, circunstancia esta prevista por Gasparri y aceptada como un riesgo. Variadas las circunstancias de peligro, la legislatura de mayoría radical rechazó los Protocolos.[38]

Pasada la primera época, la politica liberal se empeñó a fondo en el segundo de sus objetivos: la descristianización de la sociedad. A esta época pertenece la ley de matrimonio civil de 1902, anticipada y preparada por la de Registro Civil de 1900. A estas siguieron otras leyes que atentaban contra los derechos de la Iglesia: la Ley de Cultos de 1904, que entre otras disposiciones prohibió a los Institutos religiosos abrir noviciados, y la Ley de Beneficencia Pública que arrebató sus bienes a las comunidades religiosas.

Con esta base juridica, la Asamblea de 1906 dictó una nueva Constitución que -como apunta Larrea Holguín- señala un cambio radical en la politica religiosa del Estado: «No se insiste ya en el Patronato y se proclama la absoluta separación entre el Estado y la Iglesia y el laicismo más absoluto del primero ».[39]

La Constitución de 1906 condensa de algun modo, el espíritu de las reformas liberales y de la persecución institucional contra la Iglesia, cuando establece la prohibición a sacerdotes y religiosos para ser diputados o senadores, y el desconocimiento del fuero eclesiástico. Leyes secundarias completaron el cuadro, aún cuando muchas veces estuvieron en abierta contradicción con las libertades consagradas en la Constitución: una ley de 1927 privaba a Ìos clérigos de intervenir en las elecciones, y otra del mismo año prohibía nuevamente el ingreso de sacerdotes extranjeros en el Ecuador y el establecimiento de nuevas casas y noviciados religiosos, aún de las comunidades ya establecidas.

Un paso importante para la libertad de la Iglesia se dio en 1917, cuando a la muerte del Arzobispo de Quito, el acucioso Ministro (Embajador) del Ecuador residente en Lima, se dirigió al Delegado Apostólico con la pretensión, que luego se demostró abuso personal, de indicar los nombres del sucesor. El entonces Presidente de la República, Dr. Baquerizo Moreno, se vió en la necesidad de desautorizar a su representante diplomático, declarando que el Gobierno ecuatoriano no deseaba intervenir más, ni siquiera oficiosamente, en el nombramiento de Obispos: por primera vez en la historia, tanto colonial como republicana del Ecuador de hoy, el gobierno declaraba formalmente que renunciaba a cualquier pretensión patronal.

Por lo que hace a las relaciones con la Santa Sede, estas quedaron suspendidas de hecho, aunque no rotas formalmente, a raíz del fracaso de la fórmula de arreglo a la que se llegó con los Protocolos de Santa Elena. El 24 de Octubre de 1901, la Secretaria de Estado le hacía llegar al Delegado Apostólico un telegrama en el que le decía: «Aprovechando la clausura del Congreso en el Ecuador, V.S.I. acérquese a Lima para presentar cartas credenciales y despachar algunos asuntos urgentes».

Desde la salida del Delegado Bavona, las relaciones oficiales con el representante pontificio, que fijó su residencia definitivamente en Lima, quedaron suspendidas, aunque esporádicarnente y por asuntos muy puntuales de conveniencia politica, hemos encontrado algunas alusiones a encuentros informales de los diplomáticos ecuatorianos en Lima, con el Delegado Apostolico.[40]

La lucha por la supervivencia

Es evidente que sin episcopado, con el clero y las comunidades religiosas perseguidas, con una legislación adversa y abiertamente hostíl, la lucha de la Iglesia por su supervivencia, humanamente hablando tenía que ser desigual. No obstante, desde el punto de vista de la defensa de los derechos de la Iglesia, la labor de los pastores, capitaneados por el Obispo de Ibarra y 1uego Arzobispo de Quito, Federico González Suárez, fue realmente asombrosa y es muestra de la férrea voluntad del Prelado, de su conocimiento de los hechos y de los hombres, de su profunda ciencia y preparación doctrinal y en no poca medida, de su sentido práctico.[41]

Poco a poco, tras la renuncia de la renta eclesiàstica, 1as di6cesis pudieron ser provistas de sus pastores propios, demostràndose asi la estrecha relaci6n que existía entre la renta pagada por el gobierno y la posibilidad de efectuar los nombramientos. No fue fácil de todos modos la provisión de sedes: a la necesidad de encontrar sujetos que no dieran al gobierno pretexto para su rechazo, y además de los requisitos canónicos, estos debían poseer determinadas cualidades: ser ecuatorianos, ya que la ley prohibia a los extranjeros ejercer prelacías en el Ecuador; tener patrimonio propio que le permitiera subsistir decorosamente; gozar de la simpatía de la población católica del lugar a donde se los destinase, de modo tal que fueran defendidos contra las facciones liberales; en la medida de lo posible, pertenecer al clero secular, puesto que el regular contaba de antemano con la animadversión liberal, y además aquellos religiosos con cualidades para el episcopado escaseaban, frente a la necesidad de sus propios institutos de tenerlos como superiores, cuando les estaba prohibido buscarlos entre los extranjeros.[42]

La renuncia de la renta eclesiástica dió lugar a que el Metropolitano, de acuerdo con los Prelados sufraganeos, restableciese en todo su vigor el pago directo a la Iglesia de la contribución del “tres por mil”, sustitutiva del diezmo, haciéndola extensiva a los capitales en giro. Simultáneamente, declararon los Prelados reservado el pecado contra el quinto mandamiento de la Iglesia. En 1916, la Santa Sede por medio de la Delegación Apostólica, comunicó al Arzobispo la decisión de que en adelante no se exigiera a los fieles contribución obligatoria alguna, que en cambio los exhortara a ayudar al sostenimiento de la Iglesia con lo que cada cual buenamente pudiera, quitando de inmediato la reserva del pecado.[43]

Las comunidades religiosas poco a poco fueron volviendo a la vida normal, despojadas de sus propiedades por la Ley de Beneficencia; poco a poco, las leyes que prohibían la apertura de Casas y noviciados, el ingreso de postulantes, etc., fueron relajándose o quedando en letra muerta. Mientras tanto, algunas comunidades gracias a la ayuda de sus respectivas casas madres y a las medidas adoptadas en su favor por los Prelados diocesanos, pudieron subsistir.[44]

La legislación liberal no prohibió la posibilidad de establecer colegios particulares, aunque sus exámenes y títulos tenían que ser presenciados y refrendados por maestros laicos; eso sí, el Estado no concurría a su sostenimiento con cantidad alguna, estableciendo desde luego una injusta desigualdad entre las escuelas laicas, gratuitas todas ellas y completamente subvencionadas por el Estado, y los centros de educación particulares. Con el correr del tiempo, fueron estableciéndose este tipo de centros de enseñanza, que por su seriedad y calidad pronto superaron a muchas de las instituciones fiscales de su género.

Con todo, no fue hasta 1937 cuando las relaciones entre el Estado ecuatoriano y la Iglesia volvieron a restablecerse oficialmente, mediante la suscripción de un Modus Vivendi aún vigente, que reconoce la personalidad juridica pública de la Iglesia y le acuerda ciertas garantías mínimas para el desarrollo de su labor. En todo caso, no obstante la suscripción de ese solemne pacto, subsisten aún muchas de las leyes antiguas como la del divorcio civil, la obligación de celebrar previamente al matrimonio eclesiástico la ceremonia civil, la inscripción de los neófitos en el Registro civil antes de recibir el bautismo, y hasta hace muy pocos años la educación laica obligatoria, sustituida ahora por la posibilidad de recibir clases de religión a solicitud del interesado o sus representantes.

La paulatina pérdida de poder del partido liberal radical, y la aparición de nuevos partidos políticos, asi como la separación entre la Iglesia y el Estado tan duramente conseguida, quitó virulencia a la lucha, permitiendo al mismo tiempo el fortalecimiento paulatino de la Iglesia en el desarrollo de su misión específica.

Notas

  1. En el presente trabajo, utilizamos las siguientes abreviaturas: ASV.ANE Archivo Secreto Vaticano, Archivo de la Nunciatura en el Ecuador; AAEESS.E Archivo de la Congregación de negocios Eclesiásticos extraordinarios (Vaticano) Ecuador; AAEESS.P Idem Perú; Pos.Posición; Fasc. Fasciculo; ACA.Q Archivo de la Curia Arzobispal de Quito; AMRE.E Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador (Quito); AMRE.E Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador; T. Cif. Telegrama cifrado.
  2. Respecto al Perú, Mons. Pedro Gasparri, Delegado Apostólico, decía en 1901: «Felizmente en el Perú las revoluciones no tienen un carácter religioso, sino exclusiuamente politico o mejor, de intereses personales. Las dos Gobiernos con los cuales he debido tratar, esto es el del Señor Piérola y el del Señor de Romana, han estado bien dispuestos hacia la Iglesia. Sólo a eso se debe que durante mi mision, haya podido hacer algun bien. Es evidente que los sentimientos regalistas están en decadencia en la opinión publica, con un poco de tacto y buenas maneras, el Representante Pontificio puede obtener todo lo que desee del Gobierno peruano», Sobre la situación en Bolivia] hacia 1898, dirà en cambio: « ... entre tanto, la Convención Nacional reunida en Oruro, habia elegido Presidente al General Pando eliminando toda idea de confederacion y dictando varias leyes contrarias a la lglesia, que motivaron mi viaje a Bolivia en el pasado mes de Septiembre». GASPARRI P., Informe de fin de Misión, Lima 20-5-1901. AAEESS.P, Pos. 492-496, Fase. 100.
  3. Un estudio especifico sobre la situación de la Iglesia durante la revolución liberal en: CASTlLLO-ILLlNGWORTH S., La Iglesia y la Revolución liberal en el Ecuador, Colección Histórica N. XXV, Ediciones Banco Central del Ecuador, Quito 1995. Cf. LE GOCIR J. M., Historia de la República del Ecuador, T. N, 1883-1900) Col. Grupo Aymesa, n. 6 (reimpresión), Quito 1993; ROBALlNO-DAVILA L., Origenes del Ecuador de Hoy T. VII y VIII, Edit. Cajica, Puebla 1969-1974; Loon W., Eloy Álvaro, Edit. Moderna, Quito 1947; AYALA E., Historia de la Revolución Liberal Ecuatoriana, Corporación Editora Nacional, Quito 1994.
  4. Un muestreo sobre la aplicación de la Ley de Patronato en el Ecuador republicano, en CASTILLO-ILLINGWORTH J. S., o.c, cap. II. En el Perú por ejemplo, la situación fue relativamente diversa: «...la Santa Sede -señala Mons. Gasparri en su informe de fin de misión- por medio de la Constitución Romanus Pontifex de 1873 ha hecho ya al Peru todas las concesiones posibles, por lo tanto los politicos, menos algunos que tienen sentimientos profundamente católicos, no sienten la necesidad de un Concordato». GASPARRI P., Informe, cito: No estuvo libre de abusos y abusos gravísimos la aplicación de las regalías patronales en el Perú, amparándose el gobierno en las facultades concedidas por la Santa Sede. Ver. CASTILLO- ILLIN-GWORTH J. S., La Iglesia y el Estado en Ecuador y Perú hacia 1898. Los informes de fin de mision de Monseñor José Macchi, Delegado Apostolico. Revista del Instituto de Historia Eclesiástica Ecuatoriana, 18, Quito 1998, pp. 37-75.
  5. No existe por lo que respecta al Ecuador, un estudio de la literatura regalista de la época republicana. Tal estudio nos revelaría quizá la acción oculta de elementos del clero, asesorando a Jefes de Estado, ministros y legisladores, que hagan gala de una inusual erudición en materias canónicas y teológicas. Un estudio del tema seguramente dará luces muy claras sobre el grado de aceptación que el sistema patronal tuvo en el ambito eclesiástico. En Bolivia por ejemplo, un clérigo anónimo alaba el interés de los gobernantes por tener un clero sumiso, aceptando y legitimando la intervención del poder civil en asuntos eclesiásticos: «Nada de esto se padria conseguir, si los jefes de las naciones no interviniesen en el nombramiento de los ministros destinados al gobierno y servicio de sus iglesias.. establecido este principio, a nadie se le oculta que los Presidentes de Bolivia, son por las leyes, los conservadores del orden, piedra angular del bien de la Iglesia y del Estado, los encargados de defender la Religión, el culto y sus ministros... » Cit. Por BARNADAS J., La trabajosa conquista de una conciencia eclesial: la Iglesia boliviana frente al Patronato Nacional (siglo XIX), Anuario de la Academia Boliviana de Historia Eclesiàstica, 2, Sucre 1996.
  6. Una panoramica generaI de la Iglesia en Latinoamérica, antes del Concilio Plenario en PAZOS A., La Iglesia en la América del IV Centenario, Col. MAPFRE 1492, Madrid 1992. Barnadas habla de «Iglesias inerciales », destacando sin embargo la necesidad de revisar el real significado del concepto, que podria llevar a redescubrir una Iglesia realmente viva, apuntando por ejemplo, a la producción bibliográfica « en áreas como la literatura devota (. .. ), catequética, apologética o ´plémica (..) «o a la obra evangelizadora dirigida a la población indígena, a la postura de las Iglesias americanas ante el Vaticano I, o la «cuestión romana»; la obra doctrinal de los Obispos en sus pastorales, etc. Cf. BARNADAS J., O.C.
  7. No se ha hecho aún un estudio pormenorizado y sobre todo desapasionado del Concordato garciano y sus reales repercusiones en la vida de la Iglesia en el Ecuador. Sobre el tema cf. KING W., La Iglesia ecuatoriana y sus relaciones con el Estado durante el gobierno de García Moreno (1859-1863), Boletin de la Academia Nacional de Historia, 125, 126, 127-128, 129-130, Quito 1975-1977; TOBAR-DONOSO J., El primer Concordato Ecuatoriano Biblioteca Ecuatoriana Clàsica, Quito; CEVALLOS-GARcJA G., El Concordato Garciano, en La lglesia y el Estado en el Ecuador, Segundas Jornadas Teológicas, Centro de Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito 1976. Sobre la obra politica de García Moreno, Vid. LE GOUIR J. M., Historia de la república del Ecuador, T. IV y V, Col. Grupo Aymesa, reimpresi6n, Quito 1994; ROBALINO-DÀVILA L., Origenes del Ecuador de Hoy, T. IV, Edit. Cajica, Puebla 1967.
  8. 7El Delegado Apostolico Mons. Macchi, quien intervino en la sustitución del diezmo, dirá que el Presidente lo hizo «como cosa de necesidad pública y de ventaja incluso para la Iglesia, teniendo en cuenta los vejámenes que los recaudadores del Gabierno cometían contra los infelices indios y la odiosidad grande que recaía casi exclusivamente sobre la lglesia, mientras que esta no recibía sino la tercera parte del producto, y el Gobierno, por condescendencia pontificia retenia las otras dos en favor de los establecimientos de caridad», Vid. CASTILLO-ILLINGWORTH J. S., La Iglesia y el Estado en Ecuador y Perú, cito El Informe de Macchi, escrito entre el 14. III y 14.IV.1898, en AAEESS. P., Fase. 82, pp. 17 35. Cf. ROBALINO-DAVILA L., Orígenes del Ecuador de Hoy, T. VI, Diez años de civilismo. Edit. Cajica, Puebla 1968; TOBAR-DONOSO J., El indio en el Ecuador Independiente, Ediciones Pecs, Quito 1992.
  9. En su informe, Macchi puntualiza: «La larga duración de las conferencias y los verbales de las discusiones de los que está en posesion la Eminentísima Secretaria de Estado, demuestran cuan tenaz fue la resistencia del clero a toda idea de conversion o sustitución, y cuanto costó convencerlo de presentar al Gabierno por manos del suscrito un Memorandum que contuviese un proyecto más o menos satisfactorio. El rechazo del Gobiemo a la modalidad acordada, y el que el clero a su vez opuso a la contra propuesta gubernativa, manifiestan también el grave peligro que como la negociación, la cual luego de varias otras vicisitudes surtió buen efecto mediante un tercer proyecto elaborado directamente entre la Delegación y el Ministerio, y que modificado luego en Roma reabio la forma definiuua de Conuencion adicional al Concordato ». CASTILLO-ILLlNGWORTH J. S., La Iglesia y el Estado en Ecuador y Perú, cit. Una nota del entonces Ministro del Ecuador en Paris y luego Presidente de la República y autor de la sustitución del diezmo, demuestra cual era su mente ya en 1888: D. 478, A. Flores - MRE. E., Paris, 27.1.1888, AMRE. EIC- 42, p. 23.
  10. GUIDI J.B., Informe sobre la situación religiosa del Ecuador. Apéndice 1. AAEESS. E, Poso 369. El informe sobre la situación politica lo publicamos en el Boletin de la Academia Nacional de Historia 157-158.
  11. Cf. HURTADO O., El Poder Político en el Ecuador, Edit. PIaneta - Letraviva, Quito 1997.
  12. Muestra de esta aseveración, es la Revista de Quito, semanario dirigido por Manuel J. Calle, uno de los más virulentos periodistas radicales de la época. En la presentación que escribe de la nueva publicación, que aparece el 5 de Enero de 1898, señala los objetivos de la misma: «¿Cual es el proposito? Dar un organo mas de publicidad a la propaganda liberal, decente y de buena fe que pueda contrarrestar siquiera en minima parte a la activisima labor de la prensa conseruadora del Ecuador, que si en esta ultima época ha extremado el insulto, la diatriba y la calumnia contra el liberalismo... es porque la exageración y la maledicencia constituyen su medio más formal para subvertir los ánimos y precipitarlos en nuevas y dolorosas revueltas». Pues bien, ya en ese primer número resalta un articulo que se titula «La mendicidad y la Iglesia », en la que se ataca duramente a ésta por su doctrina sobre la limosna; a partir de ahí y hasta el último numero que publicó sernanalmente hasta Octubre del mismo año, no aparece un solo artículo relativo a politica de partido y en concreto refutando tesis conservadoras; sin embargo hay números enteros dedicados a insultar a la Iglesia y sus ministros, con diversos pretextos. Al parecer, la publicaci6n fue pensada para que la leyera el Encargado de Negocios de la Santa Sede, Mons. Guidi durante su permanencia en el Ecuador. A él van dedicados numerosos trabajos, en los que se pretende indicarle el modo de proceder en su misión. Revista de Quito, Edición facsimilar; Colección de revistas Ecuatorianas XXXI, ediciones Banco Central del Ecuador, Quito 1989. Cf. ROBALINO-DAVILA L., Origenes del Ecuador de hoy, VII, Eloy Alfaro y su primera época, cap. IX. El periodismo alfarista, Editorial Cajica, Puebla 1974.
  13. Hasta 1862 en que se firmó el Concordato, en el Ecuador existieron solo tres diócesis: Quito, creada en 1540, Cuenca en 1786 y Guayaquil en 1837. Como consecuencia del Concordato, se erigieron las diócesis de Ibarra, Riobamba y Loja en la sierra, y Portoviejo en el litoral. Los informes periódicos de los Delegados Apostólicos que ejercieron su misión en el Ecuador, coinciden substancialmente en estas apreciaciones, que por lo demás son comunes a la Iglesia latinoamericana.
  14. Mons. Arsenio Andrade como Vicario capitular de Quito, lanzó entredicho contra la ciudad en el año 1877 durante la dictadura del general Veintemilla, lo que aprovechó el dictador para suspender la vigencia del Concordato, dando lugar a una dura época de persecusión. Durante la revolución de Alfaro, en 1895 fue tornado prisionero y desterrado del pais. LOOR W., Mons. Arsenio Andrade, Quito 1970.
  15. Mons. JOSÉ MARÍA MASSIÁ, Obispo de Loja, era franciscano, hombre de vida austera; se refugió en Lima tan pronto estalló la revolución. De él dice Mons. Guidi: «no se puede negar que Mons. Massiá como buen español, es extremadamente intransigente con el liberalismo moderno y no solo reprueba, como es su deber, los errores y principios de esta secta, sino que condena además en bloque y tal vez con términos poco medi-dos, a todos aquellos que pertenecen al partido politico liberal (. . .) para Mons. Massiá y para otros Prelados y para muchos otros sacerdotes y catolicos ecuatorianos, quién no pertenece al partido conservador es considerado en calidad de liberal, excomulgado, hereje y réprobo». GUIDI J. B., Ob. Cit.
  16. Pedro Schumacher, lazarista, antiguo Rector del Seminario Mayor de Quito. Este prelado ha «tenido que hacer más o menos con todos los gobiernos anteriores, censurando públicamente sus actos y desprestigiando su autoridad» GUIDI J. B., Informe sobre la situacion religiosa del Ecuador, cit. Cf. DAUTZEMBREG L., Ilmo. Sr. Pedro Schumacher, Traducido por W. Loor, Quito 1968.
  17. Los Obispos León, de Cuenca, y del Pozo, de Guayaquil, fueron suspendidos de su jurisdicción tras gravísimos y comprobados desórdenes en la administración diocesana. Sobre la suspensión del Obispo Pozo cf. ASV.ANE, F. 121-122.
  18. González Calisto, antiguo Obispo de Ibarra y Arzobispo de Quito, participó en el Concilio Plenario Latinoamericano. « por propia inclinación y por influencia de la familia muestra tener preferencia por el grupo progresista; por otra parte, teme la critica sorda y malévola de los conservadores, los cuales se lamentan de no encontrar en él el apoyo franco y decidido que les prestaba el difunto arzobispo Mons. Ordoñez ». GUIDI, Ob. Cit.
  19. Dedicado desde muy joven a los estudios arqueológicos e históricos, escribió la Historia General del Ecuador, que abarca desde la época prehispánica hasta los albores de la República. Fue miembro de la Compañía de Jesús de donde salió luego de 10 años, para recibir el presbiterado como sacerdote secular. Canónigo de Cuenca y Quito, acornpañó como secretario al Obispo Esteves de Toral y al Arzobispo Ordo-ñez. Diputado y Senador en varias ocasiones. Fundó lo que luego fue Academia Ecuatoriana de la Historia.
  20. Cf. MERA J.L., La Dictadura y la Restauración en la República del Ecuador, Corporación Editora Nacional, Biblioteca de Historia Ecuatoriana, reimpresión, Quito 1982.
  21. Al respecto uno de sus biógrafos comenta: «Veía (Gonzalez Suárez) en las autoridades civiles a los representantes del poder y, como a tales, prestábales atenciones, cortesia y consideracion, exigiendo de ellos, a su vez, iguales sentimientos, porque era la jerarquia eclesiástica tan necesaria a la sociedad como la civil, y, en cuanto a su carácter, de un orden espiritual diferente de aquel. Pero en el terreno de las relaciones, que no provenían de un Concordato ya desconocido sino de la natural posición que en la sociedad guardan los dos poderes, no quiso guardar silencio jamás, cuantas veces su conciencia le advirtió que debia hablar y aun protestar» JIMÉNEZ N., Federico González Suárez, Quito.
  22. Antes de la revolución, las diócesis gobernadas por Administradores eran Cuenca y Guayaquil; luego estuvieron en esa situación Portoviejo, Loja y Riobamba, a la que se sumó en 1901 a la muerte de su Administrador, Guayaquil, cuya administración se confió a González Suárez; cuando se le trasladó a la Metropolitana, quedó adernás como Vicario Capitular de Ibarra, atendiendo así simultaneamente al gobierno de 4 diócesis. Salvo González Suárez, ninguno de los Administradores era Obispo.
  23. En Quito, según la apreciación del Encargado de Negocios, donde debía haber 500 sacerdotes sólo habia 150. Cuando Schumacher se hizo cargo de la diócesis de Portoviejo habían 7 sacerdotes para 24 parroquias. Luego de la revolución quedaron 4.
  24. GUIDI, ob. Cit, apéndice l.
  25. Como puede suponerse, no todo era desunión, agitaciones, ignorancia, despreocupación en el clero ecuatoriano: abundaban los sacerdotes celosos de su ministerio, moderados, prudentes, virtuosos. Para pro-veer al servicio parroquial, Julio Matovelle fundó en Cuenca a los Oblatos, que subsisten hasta ahora con abundantes frutos; en Guayaquil, por la misma época y con finalidad similar promovía la fundaciòn de los Oblatos del Corazón de María. Por esa misma época y a raiz del sacrilegio de Riobamba, Mons. Conzález Calisto alentó la fundaciòn de lo que hoy son las Franciscanas Misioneras de la Inmaculada.
  26. En la primera de las indicadas proclamas no hay palabra ni alusión alguna a la cuestiòn religiosa, mientras en la segunda dice abiertamente: «El pais se encuentra abrumado por el régimen de la teocracia que lo ha llenado de ignominia, y desea instituciones liberales», Y en la tercera proclama: «El fanatismo religioso, y las exageraciones politicas han costado a la humanidad torrentes de sangre y de lagrimas ». Pero viendo que estas palabras habían golpeado vivamente en los sentimientos religiosos del pueblo, procuró en otra pro-clama de 24 de Julio tranquilizar los ánimos diciendo: «Las creencias del pueblo y todos los derechos legítimos serán respetados por quién ha emprendido la obra de levantar la Repùblica por medio de estas dos grandes virtudes sociales: la tolerancia y la justicia». GUIDI J B., Informe sobre la situación política del Ecuador, en CASTILLO-ILLINGWORTH J. S., Los Informes de Monseñor Juan Bautista Guidi, Encargado de Negocios de la Santa Sede, 1898. Boletín de la Academia Nacional de Historia, N. 157-158, Quito 1991.
  27. «Se recuerda todavía con horror las inauditas crueldades cometidas por el General Franco en Quito y por el General Echeverria en Riobamba. Aquél sin ninguna formula de proceso hizo fusilar en una de las plazas de Quito, al jóven periodista catolico Vivar; mandó abrir fuego contra el pueblo que se oponía a la expulsión de los Franciscanos, resultando muertos y heridos: hizo asesinar por la noche, en su propia cama, a un sacerdote de Cuenca residente en Quito; expulsó de modo bárbaro a los Padres Salesianos, haciéndolos partir a pié por caminos montañosos nunca utilizados, desprovistos de alimentos y vestidos; encerró en prisión, en un solo día a no pocos sacerdotes y canónigos de la Capital, y mando a otros al exilio, hizo en fin, invadir durante la noche el Palacio Arzobispal por una chusma de malhechore y soldados, los cuales luego de destruir la imprenta del clero y saquear los apartamentos del Prelado, penetraron en su habitacion y lo amenazaron con asesinarlo con pistolas y puñales ».
  28. Ibidem.
  29. «El General Echeverria profanó sacrílegamente las sagradas imagenes y las hostias consagradas en la Iglesia de los Padres Jesuitas; la despojó de todos los vasos y ornamentos sagrados, metió en prision a todos aquellos religiosos e hizo asesinar a su anciano y santo superior, encarceló en fin al venerado Obispo diocesano, y luego lo mandó al exilio junto al Deán del Cabildo de Catedral. Es necesario hace notar que todas estas atrocidades fueron generalmente cometidas cuando el Ecuador se encontraba casi en estado de anarquía, y en momentos en que el General Alfaro se encontraba lejos de la Capital ocupado en combatir, en varios puntos del territorio, la insurreción de los católicos serranos contra el nuevo gobierno revolucionario. Por el contrario, el General Alfaro y los actuales ministros procuran negar los mencionados excesos y declinan toda responsabilidad, que se quiere en cambio achacar por entero a las autoridades subordinadas: entretanto, el gobierno no ha castigado como debiera a los autores y culpables de esos delitos, y por lo mismo está acusado justamente de complicidad o al menos de aprobación tácita. Terminada la guerra civil y consolidado el gobierno radical, continuaron por parte de este las ofensas a la Iglesia y sus ministros ». lbidem. Cf. BENITEZ 1, Testigos del 4 de mayo de 1897, QUITO 1997; CASTILLO -ILLINGWORTH., Documentos para la historia del sacrilegio de Riobamba, en Revista del lnstituto de Historia Eclesiástica Ecuatoriana, 17, Quito 1997. En este estudio constan las notas oficiales cruzadas entre la Delegación Apostólica y el gobierno liberal.
  30. La acusación era evidentemente falsa. El Gobierno constitucional tomó los talleres como «industria de guerra», y en ellos efectivamente preparó pertrechos militares, pero sin la intervención de los salesianos. Años rnás tarde, durante la dominación liberaI, la Congregación obtuvo sentencia favorable en el juicio que siguió contra el Gobierno por daños y perjuicios, y éste fue obligado a pagar indemnización. Cf. Sacra Con-gregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari. Equatore. Ponencia a Stampa, Marzo 1897. Allegato K al N. III. Espulsione dei PP. Salesiant da Quito e loro difesa. AAEESS. E, POSO 369; GUERRIERO A. y CREAMER P., Un siglo de presencia Salesiana en el Ecuador, 1888-1988, Quito 1988.
  31. En las Ponencias impresas preparadas por la Congregación de Negocios Eclesiásticos extraordinarios, aparecen numerosos testimonios de la persecución y del estado en que se encontraba la Iglesia en el Ecua-dor. Cf. Ponencia Stampa Marzo 1897; Abril 1897; Septiembre 1899; Octubre 1899; Diciembre 1899; Agosto 1900; Enero 1901; Febrero 1901; Marzo 1905. AAEESS:E, Pos 369.
  32. En octubre de 1906, Merry del Val contestaba al Arzobispo: «No puedo tomar resolucion sobre consabido asunto hasta conocer exacta y detalladamente ventajas que ofrece el proyecto» MERRY DEL VAL T. Cif. - GONZÁLEZ SUÁREZ, 9.X.1906. El mismo día, el Cardenal Secretario telegrafiaba al delegado Apostolico: « (. .. ) Santa Sede no puede aceptar renuncia proyectada sin conocer que ventajas ciertas concedería Gobierno, tanto más que fórmula proyectada renuncia compromete el futuro ». MERRY DEL VAL T. Cif. - BAVONA A., 9.X.1906. Ambos despachos en AAEESS. E, Poso 450. Un estudio pormenorizado de la relación de esta cuestión con los nombramienros episcopales, en CASTILLO-ILLINGWORTH J. S., La Iglesia y la Revolución Liberal en el Ecuador, Op. cit., cap. III. 4.
  33. GONZÁLEZ SUÁREZ - BAVONA A., Quito, 20.IX.1906. AAEESS. E, P 450. «Ruego al Padre Santo, que nos permita declarar, que no aceptaremos renta ninguna del gobierno; esta declaración es necesaria, para salvar la independencia de la autoridad espiritual que ahora está negada por el gobierno liberal ».
  34. La renuncia la hizo en el Manifiesto publicado el 20 de Octubre de 1906, luego de ponerse de acuerdo con los demás Pre!ados. Ver, Manifiesto, Imprenta del Clero, Quito, 20.X.1906. Ante los hechos consumados, la Santa Sede autorizó a posteriori la renuncia efectuada, insistiendo en que se reserven los derechos de la Iglesia respecto al futuro. MERRY DEL VAL T. - GONZALEZ SUAREZ, 27.xI.1906. AAEESS. E, Poso 456.
  35. No obstante la situación creada por el Gobierno, y precisamente para que quedara claro que la Santa Sede no consideraba suprimida la diócesis por un inconsulto acto legislativo, nombró obispo a Mons. Juan Maria Riera, religioso dominico. Sobre el nombramiento y las dificultades puestas por e! Gobiemo, ver. CASTILLO-ILLINGWORTH J.S., La Iglesia y la Revolución Liberal en el Ecuador, cit., p. 285 ss.
  36. GONZÁLEZ SUÁREZ F. Manifiesto. Imprenta del Clero, Quito 5.IX.1906.
  37. En la actualidad trabajamos un estudio sobre los candidatos al episcopado en la época liberal, muchos de los cuales incluso llegaron a ser nombrados por la Santa Sede, sin que a la postre el nombramiento se hiciera efectivo, por variacioncs en las condiciones políticas. Adelantamos solo que en muchos casos el factor tiempo jugó un papel importantísimo, y las comunicaciones entonces eran lentas y poco seguras.
  38. CASTILLO-ILLINGWOHTH, La Iglesia y la Revolución Liberal en el Ecuador, cit., CASTlLLO-ILLINGWOHTH, La misión diplomática de Mons. Pedro Gasparri en el Ecuador. Las Conferencias de Santa Elena (1901) en Ius Ecclesiae, vol. IX, n. 2 (1997) p. 509-544; de los verbales de las Conterencias de Santa Elena tenemos hecha la transcripción y el estudio introductorio, listos para su publicación. Sobre la coyuntura politica en gue se negociaron los protocolos, ver E. Alfaro, Elecciónes presidcnciales de 19011, en Narraciones Históricas. Corporación Editora Nacional, Quito 1992; PERALTA J., Notas sueltas ... Susana Toledo, Editora, Quito 1995.
  39. LARREA HOLGUÍN J. La lglesia y el Estado en el Ecuador, Edit. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito 1988, p. 36. El referido autor anota: "El art. ó todas las leyes y tratados quc se opongan a la Constitución, por lo tanto debían considerarse sin valor legal (...) sin embargo, posteriormente algunos gobiernos adujeron dicha ley para cometer nuevos abusos.”
  40. RAMPOLLA T. Cif. - BAVONA, 24.X.1901. AAEESS. E, P 369 XIII. Luego de la salida de Bavona, y ya desde Lima, se comunicó en dos o tres ocasiones con el Gobierno, comunicación que cesó definitivamente al poco tiempo. No hubo, es cierto, notificación oficial alguna del rompimiento de relaciones y siempre, los Delegados Apostólicos nombrados con posterioridad, lo fueron con jurisdicción en Ecuador, Perú y Bolivia; en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, no existen credenciales de los posteriores Delegados. No obstante, en 1907, Mons. Dolci, al comunicar al Arzobispo de Quito su nombramiento de Delegado Apostólico, anota: «..como Delegado Apostólico para los asuntos meramente eclesiásticos de esa católica República, pues como bien sabe V.S., están rotas las relaciones diplomáticas con el gobierno ecuatoriano » D. 1, DOLCI-GONZÁLEZ SUÁREZ F., Lima, 10.IV.1907. ACA. Q, Secco Santa Sede. En 1896, el gobierno ecuatoriano destituyó al Ministro del Ecuador ante la Santa Sede, pretextando desacato a sus órdenes. Propuso dos nombres a la Santa Sede que discretamente los rechazó por inconvenientes. En cualquier caso, no hubo nunca notificación de ruptura de relaciones, ni retiro de representantes fundado en cuestiones recíprocas.
  41. La enorme obra polémica y doctrinal del Arzobispo González Suárez en defensa de los intereses de la Iglesia, de la educación, de la disciplina eclesiástica, fue en buena parte publicada por su sucesor Mons. Manuel Maria Pélit, en dos gruesos volúrnenes: Obras Pastorales del Ilmo. Sr. D. Federico González Suárez; el uno dedicado al episcopado ibarrense, y el otro a la época en que fue Arzobispo de Quito; ambos fueron publicados en la Imprenta del Clero en Quito, en los años 1927 y 1928 respectivamente. Sin embargo, el material inédito del Arzobispo es aún muy considerable. Hemos preparado y anotado una edición del epis-tolario, con cartas en su gran mayoria inéditas, muchas provenientes de los archivos de la Santa Sede y de otros repositorios públicos y privados del Ecuador: buena parte de ese epistolario se refiere a la época de la revolución liberal y contiene datos de primera mano. Asi mismo, preparamos una edición crítica de las cartas cruzadas entre si por los Obispos que poco a poco se fueron nombrando para las diócesis vacantes. Ver AYALA E., González Suárez y la polémica sobre el Estado laico, Ediciones Banco Central del Ecuador, Quito 1988; CASTILLO-ILLINGWORTH González Suarez, El Obispo, Publicaciones de radio Católica nacional del Ecuador, 21, Quito 1997.
  42. Se buscaron candidatos entre los redentoristas, los mercedarios, los Oblatos del Padre Matovelle, los dominicos, los jesuitas.
  43. Decisión de la S.E. del Concilio, 6.V.1916. AAEESS. E, Poso 462, 15. Curiosamente, el Arzobispo no comunicó la indicación de la Santa Sede a los demás Obispos, que fue conocida solo después de su muerte en Diciembre de 1917. Refiriéndose a una supuesta erogación espontánea de los fieles, el entonces Obispo de Loja y futuro Cardenal Mons. De la Torre, dirá: « es indudable que la mayar parte de los fieles no daría nada, y los que algo dieren sería en tan escasa cantidad, que sin duda seria insuficiente (...) en nuestra república (y me refiero siempre a los que pueblan la meseta interandina) no están acostumbrados los fieles a ofrendas voluntarias (...) ya porque en su mayor parte san pobres en bienes de fortuna, ya también porque han solido siempre esperar que las obras sociales se sostengan, ora con dinero de la Iglesia, ora con las fondos de la Nación ». DE LA TORRE - SECRETARiA DE ESTADO, Roma, 17.VII.1917. AAEESS. E, Poso 462.
  44. Mons. González Calisto abrió una suscripción pública para sostener las escuelas de los Hermanos de La Salle; al no obtener la respuesta esperada, mantuvo abierta las escuelas y a los Hermanos con su propio peculio; González Suárez arbitró diversas medidas a favor dc las comunidades de religiosas, cuando la ley de Beneficencia se apoderó de sus bienes. Ver BORRERO E., El Instituto de La Salle en el Ecuador, Quito, 1998.


SANTIAGO CASTILLO ILLINGWORTH