GUATEMALA; Principios liberales y persecución religiosa

De Dicionário de História Cultural de la Iglesía en América Latina
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Medidas persecutorias anti-eclesiales en nombre de principios liberales

El general liberal radical Justo Rufino Barrios organizó en junio de 1871, una revolución para derrocar al gobierno conservador del Mariscal Vicente Cerna. Después del triunfo liberal nacen varios periódicos anticlericales que atacan a la Iglesia y justifican las medidas persecutorias.[1]La Iglesia responde muy tímidamente, amedrantada como estaba ante la avalancha de calumnias y falsas acusaciones.

El nuevo Gobierno apelando al antiguo Patronato y al artículo 9 del Concordato, comienza a cambiar a su antojo a los párrocos. El 12 de agosto de 1871 Barrios reúne al Cabildo municipal y lo obliga a firmar “en nombre de la población de Quetzaltenango” la orden de expulsión inmediata de los jesuitas, ante la total pasividad del Presidente provisional Miguel García Granados, quien desprecia también los reclamos de otras comunidades religiosas femeninas, despreciadas en cuanto mujeres.

El malestar y enojo generalizado producen levantamientos populares armados. Los jesuitas son expulsados del país el 2 de septiembre de 1871 en una operación policial que recuerda la tristemente famosa expulsión en tiempos de Carlos III en 1767, desmantelando todas las obras que dirigían.

También el arzobispo Bernardo Piñol y Aycinena es expulsado el 18 de octubre de 1871 juntamente con su obispo auxiliar, Mariano Ortiz y Urruela.[2]El presidente García Granados, liberal moderado pero manipulado por los radicales, se ve obligado a explicar aquellas decisiones.[3]Se toman otras medidas contra la Iglesia, sobre todo en campo económico con supresiones e incautaciones de sus bienes.

La campaña anticlerical se recrudece a tal grado que el Gobernador de la Mitra excomulga a quienes lean los periódicos anticlericales como «El Malacate», «La Guasa» o «Fray Gerundio».[4]El gobierno pide al Papa que destituya al Prelado; obviamente el papa Pío IX rechaza tal propuesta.[5]

Rufino Barrios, al principio presidente «provisional» (1872) promulga 9 decretos, la mayor parte sobre la «reforma religiosa»: prohibición permanente para que volvieran los jesuitas y nacionalización de sus bienes; prohibición que los clérigos y seminaristas vistan traje talar; extinción de todas las comunidades religiosas masculinas y confiscación de sus bienes, etc.

Al momento de promulgar dichos decretos, en Guatemala quedaban sólo 99 religiosos (clérigos regulares). De estos 58 abandonaron el país y 41 pasan al Clero secular y se quedan así en Guatemala juntamente con los 139 sacerdotes de la Arquidiócesis de Guatemala, única para todo el país. A mediados de 1871 había en Guatemala 312 sacerdotes y religiosos, en un año son reducidos en un 43, quedando sólo 180 y sin pastor.[6]Pero las expulsiones de los más valiosos siguieron gota a gota bajo varios pretextos.

Uno de los objetivos prioritarios del gobierno liberal era el de doblegar a la Iglesia y encerrarla dentro de los templos. Según su pensamiento, la Iglesia era sólo un ente espiritual sin ninguna autoridad, y nadie le debía obediencia en un Estado soberano. Los ideólogos del movimiento liberal que conocían perfectamente el arraigo del catolicismo y su fuerza política, piensan que la mejor forma de dominarlo era hacer una interpretación liberal del Concordato conservador; de modo que lo que fue concebido para darle libertad a la Iglesia se convirtiera en su más dura cadena.[7]

De ahí la aplicación renovada del antiguo «regalismo», ahora en clave republicana, con el propósito de un control ilimitado de la Iglesia por parte del Estado, incluso en su organización interna. En consecuencia, el presidente Barrios designa las autoridades eclesiásticas con usurpaciones indebidas desde todos los aspectos del derecho.[8]La Iglesia en Guatemala, tras la expulsión también del Gobernador de la Mitra, se encuentra «descabezada»; la expulsión se extiende a todos los sacerdotes que el Gobierno considera hostiles a sus planes.[9]

Una clave importante para entender tanto enseñamiento contra la Iglesia es el siguiente dato: el 17 de junio de 1873 se reconoce oficialmente la primera Logia Masónica de Guatemala, dependiente del Consejo Supremo de Costa Rica.[10]La masonería ocupa el lugar de la antigua Iglesia y a ella van a pertenecer los funcionarios del liberalismo.

El 27 de agosto de 1873 se decreta la expropiación forzada o consolidación de bienes eclesiásticos por la llamada «ley de manos muertas» y se crean las «comisiones de consolidación», que se hacen cargo “para que dichas propiedades pasen a manos de personas activas y laboriosas que impulsen el progreso”. Con lo que sobra del pago de deudas tomado de esos bienes se funda el Banco Nacional.[11]

Los bienes confiscados son repartidos entre los amigos de Barrios quienes amasan capitales que sólo servirán para el progreso de una nueva clase criolla emergente, agravando aún más la situación del campesinado, especialmente indígena, a quienes se les han arrebatado las posesiones que tenían.

Aniquilación de toda la vida religiosa y sus obras

Tras suprimir a las órdenes religiosas masculinas y querer decapitar la vida institucional de la Iglesia, se llevó a cabo el programa de supresión de las congregaciones religiosas femeninas y por lo tanto la eliminación de todas las obras educativas y caritativas de la Iglesia. Para ello se ordenó la aniquilación de las monjas.

El 9 de febrero de 1874 son recluidas (encarceladas) todas las religiosas en un sólo convento. Entre 120 y 150 religiosas son hacinadas en el convento de las dominicas de Santa Catalina, acusadas del delito de “cometer un suicidio moral”. A las que voluntariamente se exclaustren se les ofrece una pensión de 20 pesos mensuales y se prohíbe «para siempre» la existencia de vida consagrada en Guatemala.

La mayoría pasa a la clandestinidad o viviendo en casas privadas, dejando el hábito sin renunciar a sus votos, otras salen al exilio. Así pasó con las betlemitas de la madre Encarnación Rosal. El Gobernador del Arzobispado decide proveer a las necesidades materiales de las religiosas exclaustradas con los fondos provenientes del Santuario de Esquipulas.[12]

Al Gobierno no le queda más remedio que ser tolerante con las «Hermanas de la Caridad» por los servicios insustituibles que prestan en los hospitales, educación y el alto aprecio en que las tenía la población. Uno a uno se fue entregando por medio de la fuerza los conventos a las «comisiones de consolidación»; lo mismo que las escuelas, los cementerios.

El hostil Estado liberal pone en marcha un cúmulo de leyes que vulneran los derechos más elementales de la convivencia civil y de la Iglesia en Guatemala como: la prohibición de ceremonias fuera de los templos, la abolición de la instrucción religiosa en las escuelas, el establecimiento del matrimonio civil como el único válido, la prohibición de heredar a ministros de culto, de hacer juramento religioso al tomar un cargo público, o que los ministros tengan derechos civiles, la secularización del Registro Civil y de los cementerios, la pérdida de la personalidad jurídica de la Iglesia, etc.[13]

Ante este dramático panorama, el historiador Hubert J. Miller escribe que “en las vicisitudes en las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Latinoamérica, Guatemala ha sido, con excepción de México, testigo de los más graves conflictos”.[14]Se trató de un auténtico y vil asesinato frustrado. Luego se quiso cortar la cabeza al catolicismo guatemalteco decapitando la Universidad de San Carlos de Borromeo, para crear la Universidad de Guatemala. En realidad se trata de un cambio de nombre y autoridades para expulsar a los antiguos profesores e imponer plantillas nuevas sumisas al Gobierno.

Incluso en su planificación de control total de la vida de la Iglesia, proyectaron crear en la nueva Universidad una facultad de «Ciencias Eclesiásticas», con la intención de reemplazar el Colegio-Seminario Tridentino del arzobispado, anteriormente llevado por los jesuitas, para forjar a los futuros sacerdotes en los moldes de aquel liberalismo masónico. Aquella facultad nunca funcionó.

Cuando, se aprueba la Constitución en 1879 - una Constitución que da poderes omnímodos al presidente de la República y que justifica las dictaduras- se ratifica que la educación debe ser laica (laicista); se declara la libertad de culto, se prohíbe la vinculación a «manos muertas» o asociaciones vinculadas con la Iglesia como cofradías, congregaciones, etc.; se autoriza el «culto privado» y se restringe el culto público; se prohíbe el establecimiento de congregaciones religiosas etc.

La política filo protestante de Rufino Barrios

En 1881, en La Habana muere el desterrado arzobispo Bernardo Piñol y Aycinena. Con León XIII (1878-1903), se dan algunas tenues señales de una cierta distensión. Barrios se propone negociar un nuevo Concordato y tramitar el nombramiento del nuevo arzobispo. Sin embargo todo ello eran paliativos que escondían los verdaderos objetivos de descatolización buscados por Barrios, que buscaba una alternativa al catolicismo.

Al volver en 1882 del viaje a los Estados Unidos adonde había ido a negociar las fronteras entre Guatemala y México, después de hacer gestiones con la Junta Presbiteriana de Misioneros Extranjeros, trae de Nueva York al reverendo John Clark Hill quien fundó una iglesia y un centro educativo de habla inglesa conocido como el «Colegio Americano».

Al no tener el éxito esperado, el primer misionero protestante fue sustituido por el reverendo Edward Haymaker, quien ya tenía experiencia en México y hablaba español; éste abre la primera escuela dominical, publica la revista «El Mensajero» y comienza a formar la primera Iglesia Presbiteriana, con lo que abrió la puerta de Guatemala al protestantismo.

El nuevo «Convenio» y restricciones sistemáticas

Sin anular formalmente el Concordato de 1852, el 2 de julio de 1884, se firma un «convenio» con la Santa Sede.[15]Según el art. 1° se garantiza a los Obispos, Clero y fieles guatemaltecos libre comunicación con la Sede Apostólica; en el art. 2 se da libertad de acción al obispo en lo concerniente a su Ministerio; por los arts. 3 al 6: se restablecerá el Seminario y tocará al Papa el nombramiento del Arzobispo; en el art. 9: se establece la composición del Cabildo y se decide la provisión de las parroquias conforme a la legislación eclesiástica; art. 10: cuando la Sede Arzobispal quede vacante, el Capítulo elegirá al Vicario Capitular; art. 11: los miembros del Clero son exentos del servicio militar; art. 12: para recompensarla de los bienes expropiados, el Gobierno se compromete dar a la Curia 30.000 pesos anuales. Por el art. 13 se reconoce que la Iglesia acepta como legítima la posesión de los bienes incautados a la misma por el Estado y vendidos por parte de los compradores, sin pretender devoluciones o compensaciones:

“El Santo Padre, accediendo a la demanda del Presidente de la República para proveer a la pública tranquilidad declara que quienes en los últimos once años hubieran comprado conforme a las leyes civiles los bienes no redimidos de censos eclesiásticos y ahora los posean, lo mismo que sus sucesores, en ningún tiempo y modo serán molestados por parte de Su Santidad y de sus sucesores; y que los mismos podrán pacíficamente gozar de dichos bienes y sus emolumentos; pero se afirma y establece que semejantes enajenaciones, contrarias a los derechos y leyes de la Iglesia, no se repetirán en el futuro”.

En el art. 14: se afirma que el convenio se publicará como Ley del Estado, pero sólo se pondrá en ejecución cuando tome posesión el nuevo Arzobispo y finalmente se determinen los mecanismos para su puesta en práctica.

Hay que tomar en cuenta que la capacidad de negociación de la Iglesia en Guatemala era muy limitada debido a las profundas heridas recibidas, al descabezamiento sistemático con la expulsión del Arzobispo, de todos los religiosos y sacerdotes más destacados, a la confiscación de todos sus bienes, a las permanentes campañas de desprestigio, y a la falta de sinceridad de los interlocutores.

Así, poco después, se hace la siguiente adición al «convenio»: El Presidente de la República no interferirá en la colecta de los bienes eclesiásticos y la Santa Sede consultará al Gobierno para el nombramiento del Arzobispo y miembros del Cabildo.[16]

Algo comenzaba a cambiar en las relaciones Iglesia-Estado: se deja cierta libertad para la comunicación de los católicos con la Santa Sede; el presidente cede el derecho de Patronato y, a cambio, Roma acepta como un hecho consumado e irreversible la pérdida de los bienes de la Iglesia, y se compromete a nombrar un arzobispo.

Pero Barrios sí obtiene alguna ganancia política: quitarse el calificativo de «perseguidor de la Iglesia», precisamente poco antes de que proclame por decreto la «Unión Centroamericana», proyecto compartido entre liberales y sectores moderados de los conservadores de los diversos Estados de la antigua Federación, conscientes de que la única forma de tener un futuro digno es uniéndose.

En el proceso de distensión en el conflicto Iglesia¬-Estado juega un papel importante el Vicario General de la Arquidiócesis, Juan Bautista Raull y Bertrán, quien poco antes de iniciarse la guerra de unificación, dirige una carta en marzo de 1885 a todos los fieles católicos de los otros estados diciéndoles, entre otras cosas, que “la Unión Centroamericana cuenta no solo con las simpatías, sino con el apoyo moral de la Iglesia y del Clero ilustrado...”.[17]

En 1885, cuando en Chalchuapa es asesinado el general Justo Rufino Barrios, el estado de salud de la Iglesia en Guatemala es de pronóstico reservado. Cuando la Santa Sede negocia el «convenio» con los emisarios de Barrios, muy prudentemente sigue dejando vacante la sede guatemalteca, hecho que preocupa al Gobierno y que, de algún modo, es una ficha que se guarda el Vaticano para asegurarse que el Gobierno va a cumplir lo firmado.

Mientras tanto los fieles trasladan al interior de sus familias las prácticas religiosas, seguros que tras la muerte llegará la resurrección. El siglo XIX fue testigo de cómo la institución de la Iglesia fue sometida y gravemente herida por el Estado liberal acaudillado por Morazán y Barrios. La superación de aquella fase será dura y dramática hasta prácticamente el siglo XXI.

Los nuevos «encomenderos extranjeros», el desarrollo masónico y los nuevos «liberales»

El general Manuel Lisandro Barillas (1885-1892),[18]toma el poder tras la muerte del general Barrios. “La administración de Barillas fue lo que él mismo era en su condición espiritual: algo sin pies ni cabeza, algo vacilante y extraviado, algo generoso y arbitrario. Se mantuvo en el poder durante siete años, con grave perjuicio para la vida de la nación: se hizo pedazos la economía, se dio el espectáculo grotesco de la guerra con El Salvador en 1890, ascendieron y descendieron ministros de opuestas ideologías. Algunos de estos ministros, con el ejemplo dado por el Presidente, improvisaron fortunas cuantiosas sin pararse en escrúpulos ni rubores.

Se registraron períodos de libre ejercicio de los derechos y la prensa, por breves lapsos, disfrutó del noble ejercicio sin cortapisas. Se empaparon varias regiones del país con sangre ciudadana... A pesar de los desastres consumados, Barillas pasaba por hombre bueno, lo que decían otros en frase pasiva, no era hombre malo. Esto del hombre bueno ha formado escuela. Más tarde tuvimos hombres buenos que echaron por la borda los intereses colectivos”.[19]

En la primera época de su gobierno, Barillas quiso democratizar Guatemala, de ahí la reforma constitucional de 1885. Pero ante la situación económica desastrosa del país, pronto asumió poderes dictatoriales haciendo recaer la culpa de todo lo que sucedía a sus rivales políticos. Fue un buen ejemplo de la política liberal donde la traición, el crimen y el golpe de estado estaban a la orden del día.

En 1885, poco después de la muerte de Barrios, la Asamblea no aprueba el Concordato firmado entre el anterior gobierno y la Santa Sede, por lo cual nunca entró en vigencia. En 1887 se firma un «Tratado de Amistad» con el Imperio Alemán, por el cual se abre el mercado y se conceden tierras a súbditos alemanes que pronto abren un primer centro comercial en lo que hoy es la población de «El Estor» y comienzan la construcción del ferrocarril de Verapaz.

En esos años de guerras y bancarrota en Europa, siguieron llegando a Guatemala emigrantes alemanes, italianos, españoles, judíos y norteamericanos, que vienen a constituir sus pequeños núcleos capitalistas, laicos e independientes de los condicionamientos sociales y prejuicios de los criollos, más pragmáticos y menos sectarios. Pronto pusieron en marcha algunas industrias.

Algunos de ellos, juntamente con sectores emergentes de la burguesía liberal, se afiliaron a la masonería como canal de ascenso social. Entre los más variados anuncios del periódico mercantil «La Estrella de Guatemala», se daban a conocer los nuevos emigrantes, y en la primera página aparecían regularmente los avisos masónicos del rito de York, informando sobre sus tenidas y actividades que se extendían ampliamente.

La torpeza administrativa del general Barillas llevó al rompimiento de la unidad del partido liberal, la crisis económica llegó a sus más altos niveles y los alzamientos comenzaron a sucederse. Tras perder las elecciones presidenciales, se retiró a la vida privada, pero al llegar al poder Manuel Estrada Cabrera tuvo que exilarse en México donde murió asesinado en 1907 por sicarios del Gobierno guatemalteco.

En marzo de 1892 asciende a la Presidencia de la República el general José María Reyna Barrios (1892-1898),[20]sobrino del general Justo Rufino Barrios. Sus primeros años son brillantes: se decreta la amnistía para que puedan volver los exilados, excepto el arzobispo; se respetan las libertades y se crean fuentes de trabajo. Educado en la más genuina tradición barrista pretende seguir la tradición política iniciada veintiún años antes por su tío.

Sin tener plena conciencia de la crisis económica provocada por la invasión del café brasileño en el mercado internacional y del despilfarro oficial, introduce varias reformas y construcciones según los esquemas positivistas de la época. En 1897 promovió otra Reforma Constitucional que fue considerada como un golpe de estado. En realidad el país estaba en la quiebra, pues a las pocas semanas al Gobierno no le quedó más remedio que autorizar a los bancos privados para que emitieran su propio papel-moneda, pagadero al portador y con la garantía del Estado.

Ante el descontento popular confiscó bienes a sus enemigos políticos, sofocó diversas rebeliones con muchos fusilamientos y asumió el control sobre los poderes legislativo y judicial. La noche del 8 de febrero de 1898 fue asesinado en el centro de la Ciudad y su trágica muerte cambió el esquema político de la nación.

La larga dictadura policial de Manuel Estrada Cabrera

A Reyna Barrios le sucede el licenciado Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), que debería haber sido presidente «provisorio», pero se queda en el poder durante veintidós años, siendo el gobernante de Guatemala que más tiempo ha estado en él. Fue un hombre astuto e inteligente, que controló muy hábilmente todos los resortes del poder.

Creó un estado policíaco en el que todo absolutamente estaba bajo el control del «Señor Presidente». Tuvo varios atentados pero siempre se salvó, y luego persiguió cruelmente a sus enemigos políticos. Fue en Guatemala una especie del «Don Porfirio» mexicano, aplastando las guerras internas y promoviendo un cierto desarrollo. Para superar la crisis económica, Estrada Cabrera decidió entregar los recursos nacionales a compañías norteamericanas.

A «The Central American Improvement Co. Inc.», le entregó las instalaciones portuarias de Puerto Barrios y el ferrocarril del Atlántico, el ferrocarril del Pacífico y abundantes tierras, exoneración de impuestos y el derecho de explotar esos servicios públicos por 99 años a cambio de algunas prestaciones. A la «United Fruit Co.», además de grandes extensiones de las mejores tierras, se le concedió el monopolio del transporte marítimo con los Estados Unidos.

En 1910, el 100% de las exportaciones de banano y más del 50% de las exportaciones de café estaban en manos extranjeras. En esta época se efectúa la primera penetración directa del imperialismo norteamericano en Guatemala, convirtiendo al país en enclave bananero o «Banana Republic», muy bien caracterizada en las novelas de Miguel Ángel Asturias y otros escritores de la Generación de 1920.

Por otra parte, las finanzas públicas se pusieron en manos de la «Casa Schwarts & Cía». En 1905 se imponen nuevamente, con reforzada crueldad, los «mandamientos» y las «habilitaciones» de mozos que debían ir a trabajar a las grandes haciendas, pues el sistema económico seguía montado sobre la explotación de la mano de obra y de los recursos naturales. Así, entre el terror y la intriga, comienza para el pueblo de Guatemala el siglo XX.[21]

Estrada Cabrera promueve iniciativas culturales y pseudo-religiosas, como el templo a Minerva, la diosa griega de la sabiduría, a donde tenía que asistir toda “la juventud estudiosa” a rendirle culto, y otros proyectos de desarrollo técnico. Se sufrieron los terremotos de Quetzaltenango en 1902 y de la ciudad de Guatemala en 1917-1918, lo mismo que la epidemia de gripe española que diezmó a la población, pero a cambio crecieron las exportaciones y el comercio. Se rodeó de políticos astutos y de algunos intelectuales latinoamericanos que lo apoyaron y promovieron el culto a su personalidad.

En 1906 se tuvo la última confrontación bélica con El Salvador irónicamente llamada «la guerra del totoposte» (tortilla de maíz). Los «guanacos» con un grupo de exilados chapines invaden Guatemala. Por casualidad el general Tomás Regalado con su estado mayor son detenidos por el batallón Jalapa; un coronel ordena fusilar a aquellos desconocidos, pero cuando hacen las autopsias descubren que uno de ellos es el presidente salvadoreño y como trofeo llevan su cadáver a la Capital.

Políticamente sus adversarios comienzan a organizarse en torno a lo que será el partido unionista, integrado por conservadores y liberales moderados. Tras la sangrienta represión de una manifestación, en los primeros días de abril de 1920 estalla una guerra civil que duró 8 días, dejando incontables muertos y heridos. Al final se divide el Ejército y logran derrocar al tirano. Este se negó a recibir el asilo que le ofrecían diplomáticos, se quedó en el país y enfrentó su propio juicio, habiendo muerto años más tarde prisionero en una modesta casa -prisión.

Tras la caída de Estrada Cabrera: el capitalismo extranjero se apodera del país

Los «Unionistas» estaban en el poder, presididos provisoriamente por don Carlos Herrera (1920-1921) que luego gana las elecciones. Él es una persona íntegra. Después de tanta represión aflora toda clase de movimientos políticos.

Nacen importantes periódicos que van a orientar la opinión pública a lo largo del siglo XX: «La Hora» y «El Imparcial», y luego «La Patria». En 1921 nace la «Unión Obrera Socialista» y el «Partido Comunista de Centro América. Sección Guatemala». En la vecina Nicaragua nacen grupos políticos de izquierdas aún más extremistas, por lo que los Estados Unidos intervienen; el líder César Augusto Sandino organiza entonces un «Ejército Defensor de la Soberanía».

Se teme que en Guatemala se pueda reproducir la Revolución Mexicana. De nuevo, por quinta vez, se reforma la Constitución de 1879, en sentido liberal y filo centro americanista. Se redacta la «Constitución Política de la República de Centro América», que supuestamente debía entrar en vigor el 1 de octubre de 1921 y donde se reiteran los antiguos principios liberales radicales en relación al tema religioso y a la Iglesia: la neutralidad religiosa (art, 33); la educación oficial laica (art. 35); el matrimonio civil (art. 37); la prohibición de congregaciones religiosas (art, 38).

El 6 de abril de 1921 se había firmado en San José un «Pacto de Unión Centroamericana», sin embargo todo queda archivado, sin ningún plan de reforma de fondo para el país. Todo el movimiento «unionista» era proyecto sólo de la minoría urbana que, de espaldas al indígena y al campesino ladino, hacía y deshacía en nombre de una democracia sin bases populares.

Nuevos brotes liberales entre dictaduras y golpes militares

El presidente Herrera quiso hacer recortes en el presupuesto militar y algunos cambios de jefes en el Ejército; pero un general, José María Orellana (1921-1926),[22]ex alto funcionario del Gobierno de Estrada Cabrera, dio el enésimo cuartelazo desbaratando el «Pacto de Unión Centroamericana» y restableciendo el antiguo orden liberal.

Ya en 1915 el 50% de las tierras productoras de café estaban en manos de extranjeros, así como el 100% de las productoras de banano, siendo estos dos productos el 90% de las exportaciones de Guatemala.[23]Estos intereses extranjeros apoyarían siempre los golpes militares de signo capitalista.

En el proyecto liberal nacional, Guatemala estaba enmarcada dentro del gran proyecto de expansión del capitalismo mundial que le asignaba la función de agrónomo exportadora. Durante el mandato de Orellana se llevan a cabo algunas expansiones comerciales, pero se hacen nuevas concesiones a las grandes empresas norteamericanas ya establecidas.

Su régimen fue dictatorial suspendiendo varios periódicos, y desterrado al arzobispo y a varios sacerdotes. Al parecer, el dictador muere envenenado en la Antigua Guatemala, a fines de 1926. Le sucede un liberal moderado, al general Lázaro Chacón (1927-1930).[24]Quiso cortar posibilidades al retorno del caudillismo y la intolerancia, impidiendo la reelección presidencial y repartiendo tierras y otras reformas.

A su retiro inesperado por enfermedad seguirá una etapa de mucha inestabilidad política, en el que hubo diversos presidentes por poco tiempo y golpes de estado, hasta que a comienzos de 1931, llevado por el partido liberal, gana las elecciones el último presidente liberal, el general Jorge Ubico Castañeda (1931- 1944).[25]

Llega en el momento en que comienza la gran crisis económica mundial de los años 29 y 30, y en América Latina se imponen dictaduras militares, como Meléndez en Argentina, Carías en Honduras, Somoza en Nicaragua, Trujillo en la Dominicana, Gómez en Venezuela y otros.

Durante el régimen de Ubico se militarizó Guatemala y se llevaron a cabo notables obras de desarrollo estructural y social. Durante su gobierno se canceló la «Deuda Inglesa» y, a pesar de sus inclinaciones personales, se unió a los aliados en la Segunda guerra mundial y confiscó todos los bienes de la colonia alemana.

Aplicó mano dura hacia la oposición, incluida la cárcel y el fusilamiento. Reforzó la ley de los mandamientos o trabajo obligatorio en caminos y haciendas llamándola «ley contra la vagancia»; pero eximió de todas sus deudas a la población indígena. Con la Iglesia fue algo más tolerante que sus antecesores.

Garantizó las ganancias de las grandes multinacionales y autorizó la construcción de 3 bases militares norteamericanas. En 1944 surgieron diversos movimientos intelectuales, estudiantiles, obreros y de maestros contra la dictadura y Ubico Castañeda suprimió las garantías constitucionales. Tras una manifestación de mujeres, duramente reprimida, aquel hombre, que se sentía admirado y amado por todos, no pudo comprender la petición que se le hacía de dimitir, por lo que presentó su renuncia y se marchó a los Estados Unidos, donde falleció en 1946.

En lugar de Ubico quedó un oscuro general: Federico Ponce,[26]quien el 20 de octubre de 1944 fue derrocado con un violento alzamiento cívico-militar llamado «La Revolución de Octubre» ,[27]donde se estrenaron los tanques y artillería recién adquiridos. Así terminó para siempre el partido liberal en Guatemala.


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NOTAS

  1. como "El Guatemalteco': "La Prensa", "El Horizonte", "El Crepúsculo" y panfletos incendiarios como "Fray Gerundio”; El Malacate" o "La Guasa”, además de incontables hojas sueltas.
  2. Después de su expulsión, la Santa Sede nombra a Mons. Mariano Ortiz y Urruela, obispo coadjutor con derecho de sucesión de Mons. Miguel Pineda y Saldaña, de San Salvador, pero Mons. Ortiz es expulsado por el gobierno federal salvadoreño. Marcha a España donde ayuda en la fundación de la congregación de Esclavas del Sagrado Corazón por obra de santa Rafaela Porras y Ayllón (1850-1925), canonizada en 1977.
  3. Cf. Jorge Mario García Laguardia, La reforma Liberal en Guatemala, Educa, San José de Costa Rica 1972, 192.
  4. AEG, tomo 1872, doc 166.
  5. AEG, tomo 1872, doc 73.
  6. AEG, tomo 1872, doc 93 y 287. Exposiciones del Gobernador de la Mitra del 7 y 30 de septiembre de 1872
  7. Lorenzo MONTUFAR, El Evangelio y el Syllabus y el dualismo imposible, Guatemala 1922; Memorias Autobiográficas de Lorenzo Montufar, Tipografía Nacional, Guatemala 1898; Reseña Histórica de Centro América, 7 Vols., Guatemala, 1878-1887.
  8. AEG, tomo 1873, doc 173: con las protestas del entonces Gobernador eclesiástico.
  9. Cf. H. J. MILLER, La Iglesia Católica y el Estado de Guatemala, 1871-1885, Editorial Universitaria, Guatemala 1976, 229-232.
  10. Boletín Oficial del Supremo Consejo 9, 17.
  11. Recopilación de Leyes (1874) 193.
  12. AEG, tomo 1874, doc 74.
  13. Cf. En el Código Civil de 1877.
  14. Cf. H. J. MILLER, La Iglesia Católica y el Estado de Guatemala, 1871-1885, Editorial Universitaria, Guatemala 1976, 12.
  15. Texto original en: A. MERCATI, Raccolta di Concordati…Tra la Santa Sede e le Autorità Civili, vol. 1. Tiografia Poliglota Vaticana 1954: Concordato colla Repubblica del Guatemala, 2 luglio 1884, pp. 1018-1020; Documenti relativi, pp. 1020-1021. En Archivo de la Congregación de “Affari Ecclesiast. Straord.” Guatimala, n. 23; Archivo de la Segretaria de Estado (Vaticano), Busta 78. Nunca entró en vigor pues sólo se presentó a la Asamblea Nacional hasta el 20 de mayo de 1885 y, aunque antes de su muerte Barrios lo había aprobado, se discutió en dos sesiones y el 25 de mayo de 1885 se decidió posponer el debate, quedando archivado desde entonces. Cf. Diario de sesiones, asamblea Legislativa de Guatemala, 1885, Actas de los días 20, 22 y 25 de mayo. Es interesante notar que el Ministro de Guatemala, representante del Gobierno, era el sacerdote Ángel Mª Arroyo, Presidente de la Asamblea Legislativa y del Consejo de Estado de Guatemala. Por parte de la Santa Sede firma el Secretario de Estado el cardenal Ludovico Jacobini. El sacerdote Ángel Mª Arroyo era el candidato del presidente Barrios como arzobispo de Guatemala, pero no fue aceptado por la Santa Sede. Ángel María Arroyo (17 de abril de 1838 - 8 de febrero de 1893) conocido entre los políticos de Guatemala como Padre Arroyo, fue miembro del Partido Liberal y de la Asamblea Nacional Legislativa de Guatemala desde 1867 hasta 1885, y Ministro de Relaciones Exteriores y de Instrucción Pública durante el gobierno del general Manuel Lisandro Barillas Bercián (1885-1892). Asimismo, fue plenipotenciario de Guatemala ante la Santa Sede encargado de la redacción del Concordato de 1884 y miembro fundador de la Academia Guatemalteca de la Lengua.
  16. RODRIGUEZ CERNA, Pactos con los Países Europeos y Asiáticos, Guatemala 1944, III, 256-258.
  17. Aunque se le nombra para suceder al arzobispo Piñol nunca es consagrado porque por su ancianidad y estado de salud fallece el 31 de julio de 1885, 4 meses después de la muerte del presidente Barrios. Para evitar cualquier maniobra política al día siguiente es nombrado gobernador de la Mitra y vicario general de la Arquidiócesis metropolitana el ilustre sacerdote y abogado Ricardo Casanova.
  18. Manuel Lisandro Barillas Bercián (Quetzaltenango, Guatemala, 17 de enero de 1845-Ciudad de México, México, 15 de marzo de 1907) fungió como Presidente interino del 6 de abril de 1885 hasta el 15 de marzo de 1886 y Presidente de la República de Guatemala desde el 16 de marzo de 1886 al 15 de marzo de 1892. Tras el fracaso de 1906, Barillas paso los últimos días de su vida en la ciudad de México, donde fue asesinado la noche del 7 de abril de 1907 por sicarios del Gobierno de Guatemala.
  19. Federico HERNANDEZ DE LEON, La gente que conocí, Tipografía Nacional, Guatemala 1958, II, 48-49.
  20. José María de Jesús Reina Barrios (San Marcos, San Marcos, Guatemala 24 de diciembre de 1854 – Ciudad de Guatemala, 8 de febrero de 1898) fue Presidente de Guatemala del 15 de marzo de 1892 al 8 de febrero de 1898.
  21. Entre las obras literarias que describen esta época hay que citar. Miguel Ángel ASTURIAS, El señor Presidente; Rafael ARÉVALO MARTÍNEZ, Ecce Pericles; Oscar WYLD OSPINA, El Autócrata; José GONZÁLEZ CAMPO, Los que vi caer, entre otros…
  22. José María Orellana Pinto (El Jícaro, El Progreso, 11 de julio de 1872 – Antigua Guatemala, Sacatepéquez, 26 de septiembre de 1926) militar guatemalteco. Durante el gobierno del presidente Manuel Estrada Cabrera fue director del Instituto Nacional Central para Varones, jefe del Estado Mayor y ministro de Instrucción Pública. Posteriormente, fue presidente de Guatemala entre 1921 y 1926, tras derrocar al presidente unionista conservador Carlos Herrera y Luna en un golpe de estado patrocinado por la United Fruit Company. Durante su gobierno se instituyó al Quetzal como moneda de Guatemala y se ratificaron todas las concesiones que el gobierno de Estrada Cabrera le había hecho a la frutera estadounidense y que Herrera y Luna no había querido ratificar. José María Orellana murió en 1926 bajo circunstancias sospechosas de asesinato.
  23. Thomas HERRICK, Desarrollo económico y político de Guatemala: 1871-1885, Editorial Universitaria, Guatemala 1974, 184.
  24. Lázaro Chacón González (Teculután, Zacapa, Guatemala 27 de junio de 1873 - Nueva Orleans, Estados Unidos 8 de abril de 1931) fue un militar y político guatemalteco. Fue Presidente de Guatemala interino desde el 26 de septiembre de 1926 hasta el 18 de diciembre de 1926 y Presidente desde el 19 de diciembre de hasta el 13 de diciembre de 1930. Se retiró de la presidencia y de la política tras sufrir una hemorragia cerebral siendo presidente en 1930. Murió el 8 de abril de 1931 en Nueva Orleans, en los Estados Unidos.
  25. Jorge Ubico Castañeda (Ciudad de Guatemala, 10 de noviembre de 1878-Nueva Orleans, 14 de junio de 1946). Se postuló a la presidencia de Guatemala en 1926, pero perdió las elecciones. Finalmente alcanzó la presidencia en 1931 y se mantuvo en el puesto hasta el 1 de julio de 1944. Sostuvo su mandato por medio de un régimen totalitario y del apoyo político y económico de la United Fruit Company de los Estados Unidos. se vio obligado de renunciar el 1 de julio de 1944, dejando en su lugar a un triunvirato militar formado por los generales Eduardo Villagrán Ariza, Buenaventura Pineda y Federico Ponce Vaides. Tras la Revolución del 20 de octubre de 1944 que derrocó al presidente Ponce Vaides, se exilió en Estados Unidos —sede de la UFCO—, donde murió el 14 de junio de 1946. Fue un “hombre duro, honrado y trabajador que amó a Guatemala muy a su manera” (Benadaña Perdomo).
  26. Juan Federico Ponce Vaides (26 de agosto de 1889 - 16 de noviembre de 1956) presidente de Guatemala del 4 de julio de 1944 al 20 de octubre de 1944. Fue contra su gobierno que se gestó la llamada Revolución de Octubre de 1944.
  27. El 20 de octubre de 1944, tras 109 días en el poder, el gobierno de Juan Federico Ponce Vaides fue derrocado por los militares del fuerte de la Guardia de Honor, que era comandado por el mayor Francisco Javier Arana. Ponce Vaides se tuvo que asilar en la embajada de México. Fue sustituido por una Junta Revolucionaria de Gobierno formada por el mayor Arana, el capitán Árbenz Guzmán y el ciudadano Jorge Toriello Garrido.

BIBLIOGRAFÍA

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FIDEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ